Análisis de Contexto sobre la Desaparición de Personas en Chiapas
(2020– 2024)
PRESENTACIÓN.
En México, y particularmente en el estado de Chiapas, la lucha contra la
desaparición de personas representa uno de los principales ejes de acción para
las autoridades. Diversas instancias, desde el ámbito de sus atribuciones,
coordinan esfuerzos para atender, investigar y buscar a personas desaparecidas.
La desaparición forzada, considerada un crimen de lesa humanidad, constituye
una de las más graves violaciones a los derechos humanos, y su presencia en
todos los rincones del país es una dolorosa realidad que debe combatirse con
determinación.
El combate a este fenómeno no debe limitarse únicamente al análisis de las
llamadas cifras negras —que año con año reflejan un preocupante incremento—
, sino que debe enfocarse en el desarrollo de acciones integrales orientadas a la
prevención, atención e investigación de los casos.
En Chiapas, diversos factores y circunstancias contribuyen a la incidencia de
desapariciones, generando una profunda preocupación tanto en las autoridades
como en la sociedad. Esta situación hace evidente la necesidad de implementar
nuevas herramientas, así como establecer mecanismos de atención inmediata,
continua y especializada.
En respuesta a esta problemática, desde el ámbito federal se han creado y
fortalecido instituciones con competencias específicas en materia de búsqueda de
personas. En el caso de Chiapas, en 2019 se publicó la Ley en Materia de
Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas (LMDP), la cual dio origen
a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), dotada de facultades
para coordinar y ejecutar acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no
localizadas en el territorio estatal.
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 53, fracción XLVIII,
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas (LGD); el párrafo 95, inciso h) del Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB); y el artículo 31,
fracción XLVIII, de la LMDP estatal, se ha vuelto indispensable establecer
mecanismos operativos que permitan realizar búsquedas inmediatas, eficaces y
contextualmente informadas.
En este marco, la Dirección de Análisis de Contexto de la Comisión Estatal
desarrolla investigaciones basadas en la revisión de expedientes, carpetas de
investigación, fichas de búsqueda, portales web y redes sociales. Todo ello con el
objetivo de generar directrices de acción en las labores de búsqueda,
incorporando elementos sociológicos, antropológicos, victimológicos y otras
disciplinas que permiten una comprensión más integral de cada caso.
El presente análisis se construye desde una perspectiva general, apoyado en
fuentes reales y especializadas. Este documento representa un diagnóstico
contextual orientado a fortalecer las acciones de búsqueda emprendidas en
Chiapas durante el periodo 2020-2024. Su finalidad es proporcionar un panorama
claro, específico y significativo sobre el fenómeno de la desaparición en la entidad,
con el propósito de mejorar la eficacia institucional, optimizar los procesos de
búsqueda y, sobre todo, contribuir a la localización de las personas desaparecidas
y no localizadas.
Introducción.
Las personas desaparecidas tienen el derecho inherente a ser buscadas, y es
deber del Estado emprender todas las acciones necesarias para su localización,
así como garantizar la investigación adecuada y la reparación integral a las
víctimas y sus familiares. Así lo establece la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) en su documento Criterios para el análisis de contexto en la búsqueda de
personas desaparecidas (CNB, 2021), reafirmando que el derecho a la búsqueda
es una obligación ineludible del Estado.
En este contexto, el análisis de contexto se configura como una herramienta
fundamental dentro del proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Esta
labor permite identificar, documentar y comprender las circunstancias sociales,
económicas, culturales, geográficas y políticas que rodean un caso o conjunto de
casos de desaparición, constituyendo la base metodológica que orienta todos los
tipos de búsqueda previstos en la legislación nacional.
El incremento de desapariciones en el estado de Chiapas en los últimos años ha
evidenciado una crisis profunda de violencia estructural. Según el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el
primer registro en 1974 y hasta diciembre de 2024, se han reportado 101,850
personas desaparecidas y no localizadas en el país, reflejando la magnitud del
problema.
El análisis de contexto es definido por la CNB como un “conjunto de técnicas y
herramientas multidisciplinarias de recolección, organización y análisis de
información, orientado a identificar patrones, prácticas sistemáticas, posibles
responsables, contextos geográficos, sociales y temporales en los que ocurren las
desapariciones” (CNB, 2021). Este análisis permite generar hipótesis de
localización, diseñar estrategias de búsqueda eficaces y promover la asociación
de casos con características similares.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas (LGD) establece en su Artículo 53, fracción XLVIII, que
las Comisiones de Búsqueda deben “desarrollar análisis de contexto que permitan
establecer patrones de desaparición de personas, así como apoyar la búsqueda
y localización de las mismas” (DOF, 17 de noviembre de 2017).
Asimismo, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (PHB), en su párrafo 95, inciso h), señala
que las instituciones encargadas de la búsqueda deben “incorporar el análisis de
contexto como herramienta metodológica para la construcción de líneas de
investigación, hipótesis de búsqueda y estrategias diferenciadas de acción”.
En este sentido, la construcción de hipótesis de desaparición, a partir del análisis
de contexto, orienta la coadyuvancia entre autoridades e instituciones en el
proceso de búsqueda. Este trabajo debe estar sustentado en una metodología
clara, con objetivos definidos y principios rectores como el de debida diligencia,
exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, y el respeto irrestricto a
los derechos humanos, conforme lo establece el Artículo 5 de la LGD.
El presente análisis tiene como propósito ofrecer una herramienta técnica que
fortalezca tanto la investigación como la búsqueda efectiva de personas
desaparecidas. Para ello, es indispensable examinar en profundidad el entorno,
las circunstancias y los factores que rodean cada desaparición, a fin de identificar
indicios que permitan avanzar en su localización y en la comprensión integral de
los hechos.
El análisis de contexto resulta clave para establecer una visión amplia de las
causas que originan la desaparición de personas. Este incluye la consideración
de variables como el contexto geográfico, factores sociales y económicos,
dinámicas de violencia, intervención de grupos delictivos, conflictos
personales o comunitarios, y otros elementos que puedan influir directa o
indirectamente en los hechos.
Cabe señalar que todo análisis de contexto debe realizarse bajo principios
éticos, con estricto respeto a los derechos humanos, garantizando en todo
momento la confidencialidad, la protección de datos personales y evitando
cualquier tipo de discriminación o estigmatización hacia las víctimas o sus
familias.
El objetivo final de esta herramienta es contribuir de manera efectiva a la
resolución de los casos, fortaleciendo los procesos de búsqueda y proporcionando
verdad, justicia y reparación integral a las personas desaparecidas y sus seres
queridos.
2. METODOLOGÍA.
Por lo que, la metodología empleada en la elaboración de este análisis de contexto
consta de tres fases secuenciales para las que se aplicaron un conjunto de
métodos tanto cualitativos como cuantitativos para la recopilación, gestión, y
análisis de información útil para comprender y describir el contexto de las
desapariciones en el estado de Chiapas durante el periodo de análisis.
Es relevante resaltar que la metodología empleada en la realización de este
análisis se fundamenta principalmente en las recomendaciones metodológicas
proporcionadas por la CNBP en su “Guía de Estudio: El ABC del Análisis de
Contexto – Herramientas Básicas para el Análisis de Contexto orientado a la
búsqueda de personas desaparecidas.”
FUENTE DE ELABORACIÓN PROPIA 2025.
2.1 FASES
a) Fase 1. Definir límites y alcances
La fase inicial de este proceso se enfocó en establecer una base sólida
para llevar a cabo el análisis de contexto, y se desarrolló a través de los siguientes
pasos:
• Planteamiento del problema: Es el punto de partida del análisis en
el que se definió de manera clara la problemática abordada en el presente análisis.
Esto implica, determinar tanto la relevancia de su abordaje como la fuente de
motivación que impulsó su realización. Además, se realizó una evaluación inicial de
la información disponible como parte integral de este proceso.
• Definición de las dimensiones del análisis: En este paso se definió
claramente el área geográfica y el período de tiempo en el que se examinaron los
eventos, datos y tendencias de las desapariciones. Es aquí en donde se
establecieron los límites del estudio, permitiendo una investigación mas efectiva.
• Planteamiento de la hipótesis inicial: Se formularon hipótesis
iniciales sobre las desapariciones, como parte del proceso de investigación.
• Definición de un plan de trabajo: En esta etapa se establecieron los
pasos a seguir para la conformación de un plan de trabajo. Este plan consideró
cuidadosamente las actividades a realizar y un cronograma de trabajo para guiar la
ejecución del proyecto.
b) Fase 2. Recopilar y analizar datos.
Durante la segunda fase del proceso se llevó a cabo la identificación de la fuente
de información, recopilación, procesamiento y análisis de datos relevantes para el
análisis de contexto.
• Identificación de fuentes de información: Se identificaron diversas
fuentes de información pertinentes para la obtención de información útil y confiable,
y así lograr una comprensión del contexto de las desapariciones y sus relaciones
asociadas.
• Procesamiento de la información: La información recopilada fue
organizada en distintos ejes de análisis previamente establecidos, empleando
bases de datos estructuradas que simplificaron su posterior evaluación y análisis.
• Análisis de la información: Se emplearon técnicas de análisis
cuantitativo y cualitativo para identificar patrones, tendencias y relaciones entre los
datos de cada eje de análisis que permitieron comprender el contexto de los casos
de desapariciones.
c) Etapa 3. Presentar el informe
La última fase de la metodología se enfoca en la presentación del informe y abarca
tres aspectos clave.
• Redacción del informe: En esta etapa, se consolidó la información
procesada y sistematizada durante la segunda fase de desarrollo, marcando el
inicio del proceso de redacción de este análisis de contexto.
• Cierre: Una vez completada la redacción del informe se consideró
finalizada la etapa de análisis de contexto y se entregó el documento
final del informe a las partes interesadas.
2.2 EJES DE ANÁLISIS
Los ejes estratégicos de análisis desempeñan un papel esencial en la
estructuración de este análisis de contexto. La selección de estos ejes tiene como
objetivo principal ofrecer una presentación coherente y organizada de la
información analizada. Este enfoque estratégico no solo enriquece la comprensión
integral de la problemática, sino que también sienta las bases para la toma de
decisiones informadas y la identificación de soluciones efectivas. Estos ejes
representan pilares fundamentales que guiarán la exploración y el profundo
entendimiento de las complejidades que rodean el tema de las personas
desaparecidas en el contexto de Chiapas, permitiendo abordar los desafíos de
manera más eficiente.
2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
Entre las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este
documento se encuentran las mencionadas en el párrafo 314 del PHB, que
textualmente dice:
Las áreas de análisis de contexto pueden recurrir a cualquier otro
tipo de fuente relevante: medios de comunicación impresa,
electrónica y digital, sitios web, motores de búsqueda, estadísticas
oficiales, redes sociales, documentación contenida en expedientes
institucionales de cualquier tipo, informes o publicaciones
producidos por organizaciones civiles, organismos internacionales,
universidades y centros académicos de investigación, e información
de expedientes de averiguaciones previas o carpetas de
investigación, entre otras.
De la información analizada, se destacan diversas fuentes que enriquecen
el presente análisis de contexto;
• Datos integrados en los registros históricos del RNPDNO a nivel
nacional y específicamente para el estado de Chiapas
proporcionaran una perspectiva detallada de la magnitud y las
tendencias en las desapariciones en la región.
• Información proveniente de medios de comunicación, a nivel
internacional, nacional y local, amplía la visión sobre la desaparición
de personas en Chiapas, arrojando luz sobre los casos particulares,
sus circunstancias y las narrativas que rodean estos eventos.
• Estadística oficial de incidencia delictiva en México, reportada por el
Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), proporciona
datos cuantitativos clave para evaluar la dimensión del problema y
su relación con la seguridad pública.
• Información estadística y geográfica del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y el Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG) enriquecen el análisis al
proporcionar contextos demográficos y geográficos que pueden
influir en la incidencia de desapariciones.
• Informes emitidos por diferentes organismos gubernamentales y no
gubernamentales internacionales ofrecen una perspectiva global y
comparativa sobre la desaparición de personas en México y
Chiapas.
• Bibliografía especializada en la materia complementa el análisis al
proporcionar una base teórica y conceptual que enriquece la
comprensión del fenómeno de la desaparición de personas y sus
implicaciones.
ANTECEDENTES
En términos generales se entiende como “persona desaparecida” a aquella de la
que no se conoce su paradero o que es señalada como desaparecida por sus
familiares, debido a la falta de comunicación de la persona desaparecida o
cualquier otra circunstancia que haga suponer su desaparición. (Fundar, 2015).
En el mismo sentido, la fracción XVIII del artículo del artículo 4° de la Ley
en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas define a la
persona desaparecida como la persona cuyo paradero se desconoce y se
presume a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión
de un delito. Así mismo, el mismo precepto legal, pero en su fracción XIX
conceptualiza como persona no localizada a la persona cuya ubicación es
desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad,
su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
La desaparición por particulares y la desaparición forzada son delitos
pluriofensivos, de carácter permanente y continuado, que entrañan violaciones del
derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, y el derecho a no ser sometido a trato inhumano y
degradante y, como mínimo, una grave amenaza al derecho a la vida (Fundar,
2015) Aunado a que la persona desaparecida, al ser privada del amparo de la ley,
es privada también de otros derechos humanos, como el derecho a un recurso
efectivo ante una autoridad nacional y a la protección de la vida familiar (Fundar,
2015).
Indudablemente el fenómeno de la Desaparición de Personas es un flagelo
que no solo afecta a México, sino a todos los países del mundo, es visible en
todas partes en medios de comunicación masivos, la creciente situación de
reportes de casos de personas desaparecidas; vista está en todas esas formas
de despojar a la persona de su libertad, de su posibilidad de decisión y de su
integridad como persona.
En la historia reciente de nuestro país, específicamente en los sexenios de
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José
López Portillo (1976-1982), se vivió una intensa actividad contrainsurgente,
entendida esta como ese conjunto de técnicas y prácticas que se aplican por parte
de los Estados, con el firme objetivo de detectar y destruir a todos los miembros y
las bases de apoyo de grupos considerados insurgentes; esto se llevó a cabo en
estos periodos, en varios estados de la República Mexicana, como: Chihuahua,
Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Estado de
México (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
A.C. [CMDPDH] et al., 2011: p.10).
Los años en que nuestra república mexicana sufrió la mayor represión por
parte de sus autoridades, fueron los sesenta y setenta, donde “la guerra sucia”,
se hizo presente y se generalizó de una forma que no se había visto en el siglo
XX; años en los cuales la sociedad civil mexicana había comenzado su lucha por
la democracia y el surgimiento más latente de las fuertes críticas al modelo
autoritario que se vivía en el país en este momento.
La llamada “Guerra Sucia” estuvo plagada de acciones violentas como la
tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los juicios irregulares,
el enterramiento de cadáveres en fosas clandestinas (CMDPDH et al., 2011: p.10).
Dichas acciones no se centraron en opositores políticos armados; sino que fueron
parte de una serie de acciones sistemáticas que el Estado Mexicano en su
momento utilizó como una política formal, que se extendió a los movimientos
sociales, líderes de izquierda y sus familiares, así como personas totalmente
ajenas a la protesta social o la lucha armada.
Las víctimas no sólo fueron militantes de organizaciones insurgentes, sino
también sus redes sociales y, en el caso de la guerrilla rural, comunidades enteras
(CMDPDH et al., 2011: p.10). Se pueden mencionar como ejemplos
representativos las matanzas del 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71; donde
las autoridades entendieron que la desaparición en un contexto de control
autoritario se veía como la forma en que a la práctica se eliminaba a los opositores
políticos, ya que simplemente no se sabía más de ellos; teniendo a la víctima no
sólo tenía una desaparición fáctica sino también administrativa y
jurídica; al no existir un cuerpo, ni ningún tipo de elemento óseo, ni las pruebas
de que habían sido arrestados por alguna autoridad de la época.
Ahora bien, destaca en todo este ámbito de circunstancias el final de la
década de 70, donde la motivación de la desaparición si bien continuó siendo la
motivación política, encuadraba ahora, una diferencia sustancial, pues se
comenzó a desaparecer a las personas que no estaban en ninguna forma
vinculadas o relacionadas directamente a las guerrillas o con las luchas de
izquierda, o del ámbito social; sino que la causal de desaparición se transformó
en un método utilizado por estas autoridades como castigo; por lo que convergen
ahora situaciones contra comunistas, narcotraficantes o bien sólo aquellos
considerados como enemigos políticos.
Posteriormente, en los años ochenta las instituciones públicas relacionadas
con estas prácticas y que participaban activamente en la desaparición de
personas se multiplicaron a gran escala.
En un principio habían sido sólo el ejército y el CISEN, pero durante esta
década se sumarían las brigadas blancas (grupos al servicio del Estado que
actuaban de manera extralegal), las policías federales y estatales, e incluso
autoridades municipales (González, 2012; Valdés, 2013).
La expansión en todo el territorio nacional del fenómeno de desaparición
de personas fue notablemente a partir del 2013, ya que el Estado de México y de
Guerrero se vieron rebasados en las cifras de desaparecidos. Prueba de ello, fue
en el año 2014, ya el estado de Guerrero se vio rebasado en las cifras de
desaparecidos. Prueba de ello, fue en el año 2014, ya el estado de Guerrero tuvo
una notoria participación a nivel mundial con la desaparición de los 43 estudiantes
de la escuela normal de Ayotzinapa.
A través del tiempo y los muchos datos existentes en esta materia,
evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y las
distintas formas de violencia; que en nuestros días se han hasta normalizado en
las sociedades. En nuestro país, se hace evidente este incremento, al inicio de la
llamada “guerra contra el narcotráfico”, que se produjo durante el sexenio de
Felipe Calderón (2006-2012), periodo durante el cual se puso en práctica una
política que tenía entre otras características un despliegue de las fuerzas
armadas, para cumplir funciones de seguridad pública de todo el país;
manteniéndose hasta varios sexenios posteriores.
Para finales del siglo pasado, las desapariciones de personas estaban
relacionadas en su mayoría con la represión política cometidas por el propio
gobierno en turno, o bien por fuerzas armadas ajenas a este último, y que tenían
como víctimas a grupos sociales de oposición a ellos; ahora bien, a partir del año
2006 las desapariciones de personas se ven plagadas de muchas otras causas,
con una diversidad de perpetradores, muchas modalidades y por lo tanto más
víctimas.
Es menester mencionar que esencialmente las organizaciones criminales
antes del 2006, las disputas de expansión territorial y de las actividades ilícitas, se
centraban en las entidades del norte del país. Por lo que, la tasa de homicidios, la
desaparición de personas y las fosas clandestinas eran elevadas. Sin embargo,
ante la expansión en otros territorios, los estados de Veracruz y Jalisco tuvieron
incrementos importantes de homicidios dolosos y en la desaparición de personas,
a partir del 2017.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los datos
procesados en el RNDPNO, durante el sexenio del 2006 al 2012, correspondiente
a Felipe Calderón, se registraron un total de 39,697 personas desaparecidas y no
localizadas, de las cuales el 43.03% aún permanecen desaparecidas y el 56.97%
ya han sido localizadas, en promedio durante este sexenio desaparecían 18
personas diarias en México (RNPDNO, 2023).
Los incidentes registrados en el RNPDNO experimentaron un notorio
aumento desde diciembre de 2012 hasta noviembre de 2018, sexenio
correspondiente a Enrique Peña Nieto, periodo en el cual la cifra de desaparecidos
ascendió a 98, 898, más del doble de los casos registrados en el sexenio anterior,
con un promedio de 45 desapariciones diarias.
Finalmente, desde 2018 hasta 2024, durante el sexenio de Andrés Manuel
López Obrador, el número de personas desaparecidas y no localizadas han
alcanzado la cifra alarmante de 63,726. En otras palabras, el promedio diario de
desapariciones ha disminuido a 29 personas, sin embargo, sigue siendo una cifra
alarmante, evidenciando una preocupante desatención en este fenómeno.
La problemática de la desaparición no distingue género, aunque a nivel
nacional son mayormente los hombres quienes experimentan este fenómeno,
representando aproximadamente el 60% de las desapariciones registradas en el
registro nacional hasta MMM de XXXX. Es crucial destacar que esta tendencia
presenta variaciones sustanciales entre estados y regiones del país, evidenciando
la existencia de territorios donde las mujeres enfrentan un riesgo
significativamente elevado de desaparición. Entre estos, se destacan estados
como el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Chiapas, donde las
desapariciones de mujeres predominan. Por otro lado, en entidades como
Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, son más
frecuentes las desapariciones de hombres, según datos del RNPDNO (2024).
Además, se observa que el rango de edades predominante entre las mujeres
desaparecidas a nivel nacional es de 1 a 29 años, mientras que, en los hombres,
las desapariciones son más frecuentes en el rango de 15 a 44 años, según la
misma fuente (RNPDNO, 2023).
Del análisis realizado por Quinto Elemento Lab, se determinó que cinco
entidades federativas son las que concentran el 50 por ciento del registro de
personas desaparecidas; y corresponden a Jalisco, Estado de México,
Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa (Turati, Tzuc, & Gómez Durán, 2022).
De acuerdo con el análisis realizado, antes del año 2009 ningún municipio
registraba más de 200 desapariciones. Pero todo cambió a partir del 2010, ya que
en ese año hubo una ruptura entre el cártel de los “Zetas” y el del “Golfo”. Hecho
que dio lugar una disputa territorial, venta y trasiego de droga, y control de la
población (Turati, Tzuc, & Gómez Durán, 2022). Y con ello, el aumento del
fenómeno de la desaparición de personas, y el incremento de los homicidios
dolosos. Expandiéndose la problemática años después de la zona norte al centro
del país, para pasar a la zona occidente, y finalmente a la región sur del país.
En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada, y ello
se haga con vida, se entrelazan un sin número de variantes, en las que se
encuentra la edad, el género, la región y el tiempo en los que ocurre la
desaparición.
Ejemplo de ello, es que, en promedio a nivel nacional por cada 100 reportes
realizados, 60 personas son localizadas, y 40 siguen sin ser localizadas (Turati,
Tzuc, & Gómez Durán, 2022). Sin embargo, a opinión de los especialistas, de
acuerdo con los datos presentados por el registro nacional, no es posible conocer
bajo qué circunstancias se dieron las localizaciones (Turati, Tzuc, & Gómez
Durán, 2022).
Ahora bien, hablando de México, sin duda alguna el Estado de Chiapas, es
uno de los que más se ha visto afectado por la práctica de desaparición de
personas, el cual ha sido testigo de una larga historia de desapariciones forzadas
y desapariciones involuntarias, que evidentemente estuvieron relacionadas con
factores históricos, políticos y sociales de la región, los cuales han contribuido a
este problema persistente.
El tema de las desapariciones en general representa un escenario
ininteligible, tanto por la infinidad de aspectos involucrados en ésta, como por las
formas en que esta se materializa; la información dispersa, que está poco
estructurada e insuficiente; lo que nos ha llevado a través del desarrollo de las
acciones encaminadas a dar con el paradero de las personas desaparecidas y
con ello identificar con claridad los intereses que hay detrás de esta problemática.
Estos hechos que fueron detonantes en la historia de Chiapas, fueron
originados principalmente por conflictos agrarios, desigualdad económica y
tensiones étnicas entre el gobierno y los pueblos y comunidades indígenas; las
cuales fueron marginadas y desplazadas durante la época colonial, lo que
ocasionó esa lucha de poder que desde tiempos remotos siguen estando vigente
en dicho Estado, incluso, uno de los casos más sonados de desaparición de
personas en Chiapas, fue el Caso Acteal, mismo que fue cometido en agravio de
una comunidad indígena que había sido desplazada de su localidad.
En el año 1994, a esa lucha por los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, se suma la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), con la constante explotación de los recursos naturales y la creciente
represión, llevaron a causar la organización de las comunidades indígenas de las
regiones del estado para la lucha a través de este movimiento que genero
enfrentamientos propios de una lucha insurrecta contra el estado; esto como
resultado de problemas que hoy siguen siendo motivo de discordia, como aquello
relacionado con la conversación de la Selva Lacandona, que ha sido marcada por
procesos de colonización, destrucción y de saqueo de recursos naturales.
Donde las comunidades indígenas también se han visto afectadas por
desapariciones, ocurridas en el contexto de conflictos sociales y territoriales
vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o
tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte
de grupos del crimen organizado u otros actores privados, donde convergen
diferentes de aquiescencia de servidores públicos.
Cabe destacar que la desaparición de personas en Chiapas, de igual
manera está vinculada con otros factores como la corrupción, la impunidad, y
principalmente la falta de instituciones gubernamentales que generen acciones
para combatir la práctica de dicho problema, lo que en lugar de mermar las
estadísticas que se han reportado, al contrario, ha generado el incremento de los
casos no sólo en Chiapas sino en todo el país.
Es importante tomar en cuenta que las desigualdades socioeconómicas
han llevado a la marginalización de ciertas comunidades, generado con ello un
foco rojo para la práctica de la violencia y las desapariciones, lo cual conlleva a
que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad son
especialmente propensas a ser víctimas de este delito.
En este plan de acción, es indispensable comprender el fenómeno de la
desaparición de personas en el estado de Chiapas durante el periodo 2019 a
2024, con el fin de fortalecer las estrategias y acciones de búsqueda de
investigación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abordar de
manera efectiva un desafío que impacta de manera profunda en nuestra sociedad;
ya que esta problemática exige ser vista como una práctica sistemática que tiene
intereses y motivaciones específicas, y la forma en que el gobierno frente a esta
ola de desaparición enfrenta el fenómeno.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves y
flagrantes a los derechos humanos, cuyas consecuencias son devastadoras e
irreparables tanto para las víctimas como para sus familias. Cuando una persona
es arrestada, detenida, secuestrada o privada de la libertad por cualquier medio,
se ve amenazada en su derecho más fundamental: la vida, así como en sus
derechos a la libertad, seguridad e integridad personal. Esta situación representa
una crisis alarmante que ha afectado profundamente a diversas regiones del
mundo, y que en México se ha convertido en un fenómeno estructural y
generalizado. En este contexto, el estado de Chiapas ocupa actualmente el 14.º
lugar nacional en número de personas desaparecidas, según datos del Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
A lo largo de los años, diversas organizaciones defensoras de los derechos
humanos han trabajado intensamente para visibilizar y atender el problema de las
desapariciones en Chiapas. No obstante, los avances han sido limitados, debido
principalmente a la falta de voluntad política, la impunidad persistente y la escasez
de recursos institucionales. Esta situación exige respuestas urgentes y efectivas
por parte de las autoridades, ya que la ausencia de sanción para los responsables
refuerza el ciclo de impunidad.
El fenómeno de la desaparición involucra una multiplicidad de factores. En
Chiapas, estos incluyen la presencia de grupos armados, tensiones étnicas y
políticas, así como el acceso limitado a la justicia y a recursos económicos. La
mayoría de los casos documentados afecta a personas indígenas y grupos en
situación de vulnerabilidad, quienes desaparecen sin dejar rastro. Entre las
causas más frecuentes se encuentran los riesgos del tránsito migrante, la
desaparición con fines de trata o reclutamiento forzado, la violencia feminicida y
la desaparición de defensores comunitarios y de derechos humanos (Mandujano,
2023).
Organizaciones académicas y de la sociedad civil han señalado que uno de los
principales obstáculos para determinar con precisión las causas de la
desaparición es la falta de información en los registros oficiales, particularmente
en el RNPDNO, donde el campo correspondiente a las causas del hecho aparece
en su mayoría sin datos. Ante esta limitación, el análisis de testimonios,
investigaciones periodísticas, trabajo de campo y reconstrucciones sociales se
vuelve imprescindible para formular hipótesis fundadas que contribuyan a
entender las dinámicas detrás del fenómeno.
Si bien se ha documentado de manera relativamente precisa la evolución
numérica de las desapariciones y su expansión territorial, las causas estructurales
que explican su aumento no han sido suficientemente investigadas. Estas causas
son multifactoriales, y pueden variar significativamente entre regiones del país. En
el caso de Chiapas, la combinación de su posición geográfica, sus características
socioculturales, la marginación histórica de ciertas poblaciones y las dinámicas
migratorias hacen que las desapariciones presenten particularidades únicas.
De acuerdo con cifras oficiales del RNPDNO, Chiapas ocupa el tercer lugar
nacional en desapariciones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años entre
enero de 2019 y julio de 2023. Este dato es especialmente alarmante, pues revela
un patrón de afectación hacia personas menores de edad, muchas de ellas en
condiciones de alta vulnerabilidad.
Entre los factores identificados como causantes del fenómeno se encuentran:
•
Disputas entre grupos delictivos por el control del territorio.
•
Riesgos asociados al tránsito de personas migrantes.
•
Desaparición con fines de trata de personas o reclutamiento forzado.
•
Violencia feminicida.
•
Desaparición de defensores de derechos humanos y liderazgos
comunitarios (Mandujano, 2025).
Adicionalmente, Sandyvell Reyes, integrante de la organización Voces
Mesoamericanas, Acción con los Pueblos Migrantes, señala que otra causa
recurrente es el desplazamiento forzado derivado de distintos tipos de violencia,
ya sea por parte de grupos armados o por acciones de las propias instituciones
del Estado, lo cual refleja una fractura grave del tejido social (Mariscal, 2025).
Desde una perspectiva más crítica, la desaparición forzada ha sido considerada
en México como una estrategia contrainsurgente del Estado, utilizada para
inmovilizar a la sociedad civil. Esta práctica se ha dirigido especialmente contra
migrantes, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, defensores de derechos
humanos, periodistas, comerciantes, niños y niñas, entre otros sectores (Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2018).
ARGUMENTO.
En términos generales, se entiende como persona desaparecida a aquella cuyo
paradero se desconoce y que ha sido reportada como tal por familiares u otras
personas, debido a la falta de comunicación o por cualquier otra circunstancia que
haga suponer razonablemente su desaparición (Fundar, 2015).
En el mismo sentido, la fracción XVIII del artículo 4.º de la Ley en Materia de
Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas define a la persona
desaparecida como “la persona cuyo paradero se desconoce y se presume, a
partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un
delito”.
Tanto la desaparición cometida por particulares como la desaparición forzada son
delitos pluriofensivos, de carácter permanente y continuado, que implican la
violación de diversos derechos fundamentales: el derecho a la libertad y seguridad
personal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a
no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y, en
muchos casos, constituyen una grave amenaza al derecho a la vida (Fundar,
2015). Además, al ser sustraída de la protección de la ley, la persona
desaparecida también es privada de otros derechos como el acceso a un recurso
efectivo ante una autoridad nacional y a la protección de la vida familiar.
A nivel internacional, la desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa
humanidad, es decir, un acto cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil, en tiempos de paz o conflicto armado. Estos
crímenes incluyen, entre otros, la desaparición forzada, la tortura, el homicidio, la
esclavización, la deportación y la violencia sexual y de género (Amnistía
Internacional, s/f).
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define
este delito como:
“La privación de libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma,
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de
información o la negativa a reconocer dicha privación o a informar sobre el
paradero de la persona.”
Esta definición refleja de forma clara lo que ocurre en muchos casos
documentados en México.
Por tanto, la desaparición forzada no solo está tipificada en el ámbito nacional —
en los fueros local y federal—, sino que también está proscrita por el derecho
internacional, el cual es de observancia obligatoria para el Estado mexicano,
conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece la supremacía de los tratados internacionales
ratificados por México.
En este marco, México tiene la obligación primaria de investigar, procesar y
sancionar este tipo de crímenes, especialmente desde que ratificó el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional en 2005. En su artículo 7, el Estatuto define
los crímenes de lesa humanidad como:
“Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque.”
Entre estos actos se encuentran el asesinato, la tortura, la desaparición forzada,
y otros once actos que implican violaciones graves al derecho internacional.
Asimismo, el Estatuto especifica que el ataque puede ser llevado a cabo por el
Estado o por organizaciones no estatales, como grupos armados, lo cual aplica
directamente al contexto mexicano.
Lo anterior queda confirmado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), que en su informe de 2017 documentó 97 recomendaciones por
violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas detención arbitraria,
tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desaparición masiva de
menores de edad (Bandillo, 2018). Estos hechos han sido perpetrados tanto por
actores estatales como por grupos delictivos, lo cual refuerza su clasificación
como crímenes de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma tipifica como tales todos aquellos actos que impliquen
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población,
encarcelamiento arbitrario, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución por
motivos políticos, étnicos, religiosos, culturales o de género, entre otros (Bandillo,
2018).
En este contexto, la posibilidad de que autoridades mexicanas puedan ser
sometidas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) se mantiene
abierta, especialmente si el Estado continúa sin investigar y sancionar estos
crímenes de forma adecuada y sistemática. No obstante, el mejor resultado sería
que el propio Estado mexicano asuma, de forma plena, su obligación de
investigar, procesar y castigar los crímenes, independientemente de si sus
perpetradores son agentes del Estado o integrantes de grupos delictivos.
Al respecto, Open Society Foundations (2016) ha afirmado que la situación en
México cumple con la definición jurídica de crímenes de lesa humanidad, tanto
conforme al Estatuto de Roma, como a la jurisprudencia de la Corte Penal
Internacional (CPI) y de otros tribunales internacionales. La responsabilidad de
actuar recae ahora en el Estado mexicano, para garantizar la verdad, la justicia y
la reparación integral a las víctimas.
DELIMITACIÓN ESPACIO – TEMPORAL
El presente informe se enfoca en el estado de Chiapas, México como área de
estudio. Aunque se ha considerado información desde el año 2009 para identificar
tendencias y comportamientos históricos en materia de desaparición de personas
en la entidad, el análisis de contexto se centra particularmente en el periodo
comprendido entre enero de 2019 (2020) y diciembre de 2024. Este enfoque
temporal permite examinar con mayor detalle la evolución reciente del fenómeno,
así como los factores estructurales y coyunturales que inciden en la desaparición
de personas dentro del territorio chiapaneco.
ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS. (F.O.D.A.)
Ante la problemática en México de la desaparición de personas y la desaparición
forzada, a partir del año 2017 se cuenta con un marco jurídico federal que
contribuyo a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y que mandata la
creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas, así
como la creación del RNPDNO.
El RNPDNO, bajo la administración de la CNB, se nutre de información
proporcionada por familiares de personas desaparecidas, comisiones locales de
búsqueda, así como fiscalías y procuradurías estatales. Este registro es
fundamental para visualizar el número de personas desaparecidas, no localizadas
y localizadas en México, ofreciendo una herramienta valiosa para comprender la
evolución de esta problemática a nivel nacional y estatal. Sin embargo, algunas
organizaciones nacionales e internacionales han señalado que el registro podría
carecer de fiabilidad debido a su sesgo hacia la infraestimación en la base de
datos. A pesar de estos señalamientos, existen
condiciones propicias para realizar mejoras sustantivas en la base de datos, con
el objetivo de aportar nuevos elementos que refuercen su confiabilidad y certeza.
En el 2019 el H. Congreso del Estado de Chiapas publica la LMDP y a su
vez se crea la CEBP, misma que desempeña un papel fundamental en la
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio del
Estado de Chiapas.
Por otro lado, México ha suscitado una atención internacional significativa
en relación con la problemática de las desapariciones, generando un incremento
notable en el escrutinio y la presión para abordar este desafío de manera efectiva.
Este contexto no solo subraya la urgencia de tomar medidas concretas, sino que
también abre oportunidades valiosas para fortalecer la cooperación internacional
en la lucha contra las desapariciones. La posibilidad de compartir mejores
prácticas y recursos con otros países que han enfrentado desafíos similares
representa un camino promisorio hacia soluciones más efectivas y sostenibles.
En el ámbito nacional, tanto a nivel nacional como estatal, resaltan
colectivos y organizaciones civiles comprometidos con la defensa de los derechos
humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Estas entidades
desempeñan un papel crucial en aumentar la visibilidad de esta problemática,
ejerciendo presión para la acción inmediata. Su dedicación incansable no solo
pone de manifiesto la importancia de abordar estas situaciones de manera
integral, sino que también contribuye a consolidar una conciencia pública
informada y activa en torno a la necesidad de resolver esta grave problemática.
La incidencia delictiva puede tener diversas ramificaciones en la coyuntura
de desapariciones, y estas relaciones son intrincadas y sujetas a las
particularidades del entorno y las circunstancias específicas. En regiones
específicas, como Chiapas, la persistencia de elevados niveles de violencia e
inseguridad plantea desafíos significativos para los esfuerzos de búsqueda y
prevención. La interconexión entre la criminalidad y las desapariciones se
manifiesta en la complejidad de los factores que contribuyen a estos fenómenos.
La presencia sostenida de entornos violentos puede no solo facilitar la
comisión de desapariciones, sino también entorpecer y dificultar la labor de las
autoridades y organizaciones dedicadas a abordar este problema, ya que la
inseguridad puede obstaculizar las iniciativas de búsqueda y protección de la
población. Por lo mismo, es fundamental comprender la dinámica local y abordar
las raíces de la violencia para implementar estrategias eficaces que reduzcan
tanto la incidencia delictiva como el riesgo de desapariciones.
Fortalezas
Oportunidades
- Marco jurídico robusto (LGD 2017 y
LMDP Chiapas 2019).
- Atención y escrutinio internacional
creciente.
- Existencia de instituciones
especializadas: CNB y CEBP.
- Posibilidad de cooperación
internacional (técnica, forense,
jurídica).
- Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO) como base oficial de
consulta.
- Mejora tecnológica y metodológica
del RNPDNO.
- Participación activa de colectivos y
OSC en la visibilización del problema.
- Fortalecimiento institucional
progresivo mediante
profesionalización y acceso a
recursos.
Debilidades
Amenazas
- Subregistro e inconsistencias en el
RNPDNO.
- Alta incidencia delictiva y violencia
estructural en regiones de Chiapas.
- Falta de voluntad política sostenida,
sobre todo a nivel local.
- Impunidad persistente ante
desapariciones por particulares y
autoridades.
- Recursos limitados (humanos,
financieros y técnicos) en la CEBP y
otras dependencias.
- Criminalización de familiares,
víctimas y defensores de derechos
humanos.
- Escasa coordinación
interinstitucional.
- Fenómenos asociados como
migración irregular, trata,
desplazamiento forzado y violencia
de género.
- Dificultad de acceso a territorios
bajo control de grupos delictivos.
- Debilidad del Estado de derecho en
zonas rurales y fronterizas.
OBJETIVO
Analizar exhaustivamente el fenómeno de la desaparición de personas en el
estado de Chiapas durante el periodo 2019-2024, con el propósito de robustecer
las estrategias y acciones de búsqueda e investigación implementadas por la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a fin de abordar de manera integral
y eficaz este desafío que impacta de forma significativa a la sociedad chiapaneca.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Analizar el contexto histórico, social y político de Chiapas para comprender la
evolución y complejidad del fenómeno de la desaparición de personas en la
región.
b) Identificar y examinar las causas y factores estructurales que han contribuido
al incremento de casos de desapariciones en el estado de Chiapas.
c) Investigar y documentar el número, características y perfil de las personas
desaparecidas en Chiapas, aplicando los enfoques y lineamientos establecidos
en el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB).
d) Analizar las dinámicas y características comunes presentes en los casos de
desaparición en Chiapas, con el fin de identificar patrones y tendencias que
permitan orientar acciones efectivas.
e) Identificar y evaluar a los grupos o individuos responsables de las
desapariciones, ya sean organizaciones criminales, fuerzas de seguridad o
actores estatales y no estatales.
f) Examinar la relación entre la desaparición de personas y otros fenómenos
conexos, tales como el conflicto armado, la delincuencia organizada y la migración
forzada, en el contexto particular de Chiapas.
g) Explorar el impacto emocional, social y comunitario que la desaparición de
personas ha provocado en las familias y comunidades afectadas.
h) Generar información precisa y relevante que oriente y fortalezca las
estrategias de búsqueda, investigación y prevención de desapariciones en la
región.
JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de un análisis de contexto sobre la desaparición de personas
constituye una herramienta fundamental e indispensable para la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas, ya que le permite examinar de manera exhaustiva
las circunstancias y factores determinantes que influyen en este fenómeno dentro
de su jurisdicción. Este análisis ofrece una comprensión integral y profunda del
entorno en el que ocurren las desapariciones, permitiendo identificar no solo los
elementos inmediatos, sino también las causas estructurales que facilitan la
comisión de estos delitos.
Los contextos asociados a los casos de desaparición presentan particularidades
y dinámicas específicas que varían entre regiones y pueden evolucionar con
rapidez. Estas variaciones están estrechamente vinculadas a las condiciones
sociales, políticas, económicas y culturales propias de cada territorio, lo que
genera una complejidad singular en cada caso. Factores como la presencia de
grupos armados, la precariedad económica, las tensiones étnicas o políticas, así
como la debilidad institucional, son algunos de los elementos que configuran el
marco en el que se desarrollan estas situaciones. Comprender estas
particularidades resulta indispensable para adecuar las estrategias de búsqueda
a las realidades locales, evitando enfoques genéricos que carecen de efectividad.
En virtud de lo anterior, para las instituciones encargadas de la búsqueda y
localización de personas desaparecidas, la realización de investigaciones
orientadas a la contextualización del fenómeno resulta un pilar esencial. Este
proceso no solo provee información crítica para comprender la situación en su
totalidad, sino que también permite diseñar estrategias y acciones de búsqueda
altamente fundamentadas, eficaces y eficientes. La identificación de patrones,
tendencias y posibles responsables a partir del análisis contextual contribuye a
optimizar recursos y focalizar esfuerzos, maximizando así las probabilidades de
éxito en las labores de localización.
Además, un análisis de contexto robusto promueve la coordinación
interinstitucional y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil,
fomentando un abordaje integral y multidisciplinario. La información obtenida
puede ser un insumo valioso para la formulación de políticas públicas orientadas
a la prevención y atención del fenómeno, así como para la sensibilización y
capacitación de los distintos actores involucrados en el proceso.
En última instancia, la implementación de un análisis de contexto riguroso y
constante contribuye de manera significativa a acelerar la reunificación de las
familias con sus seres queridos desaparecidos y a promover soluciones efectivas
frente a esta grave violación de derechos humanos. Reconocer la desaparición de
personas como un problema multifactorial y dinámico, cuya comprensión exige un
enfoque contextualizado, es indispensable para enfrentar con éxito uno de los
retos más complejos y urgentes de nuestra sociedad.
CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL ESTADO DE
CHIAPAS.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México enfrenta una
problemática sumamente alarmante, con un total de 326,814 personas registradas
como desaparecidas o no localizadas desde el primer caso documentado en 1962
hasta junio de 2025. De esta cifra, únicamente el 63.78% ha sido localizado,
mientras que el 36.22% restante continúa con su paradero desconocido,
reflejando así la persistencia de un desafío significativo en materia de búsqueda,
reparación y justicia para las víctimas y sus familias (RNPDNO, 2025).
Este contexto revela una crisis humanitaria compleja, estrechamente
vinculada con factores como la violencia generalizada, la impunidad, la presencia
de grupos delictivos organizados y la insuficiencia en los mecanismos
institucionales de búsqueda y protección de derechos humanos (Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez [Prodh], 2023). La magnitud de
estos datos también evidencia las limitaciones actuales en la capacidad de las
autoridades para garantizar la seguridad y la justicia, lo que subraya la urgente
necesidad de fortalecer tanto la cooperación interinstitucional como la
participación de la sociedad civil (Amnistía Internacional, 2024).
Además, la invisibilizarían y vulnerabilidad de ciertos grupos, como
mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes e integrantes de
comunidades indígenas, acentúan la complejidad del fenómeno y demandan
respuestas diferenciadas y sensibles a sus contextos específicos (Mandujano,
2023; Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2022). En este
sentido, la mejora en los sistemas de registro, así como la implementación de
políticas públicas integrales, son elementos indispensables para avanzar hacia la
resolución de este grave problema que afecta profundamente el tejido social y el
ejercicio pleno de los derechos humanos en México (Open Society Foundations,
2016).
Desde el año 2007, se ha observado un preocupante incremento
exponencial en la incidencia de desapariciones, afectando de manera
generalizada a todas las entidades federativas de México. Esta creciente
problemática impacta especialmente a segmentos vulnerables de la población,
principalmente a personas jóvenes, incluyendo niños, niñas y adolescentes,
quienes lamentablemente pertenecen mayoritariamente a estratos
socioeconómicos bajos.
Es relevante destacar que un significativo porcentaje de estas
desapariciones han sido documentadas en el periodo comprendido entre 2019 y
2024, lo que enfatiza la gravedad de la situación y subraya la urgencia de abordar
esta problemática, dado que las cifras continúan en ascenso de manera
preocupante.
En el contexto de las 32 entidades federativas de México, el estado de
Chiapas ocupa el decimocuarto lugar en cuanto a la cantidad de casos registrados
de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1962. Esta
posición dentro del panorama nacional resalta la dimensión del desafío que
enfrenta la región u subraya la necesidad de estrategias efectivas para abordar y
prevenir las desapariciones en Chiapas.
De 2009 a 2018, las cifras de desaparición en Chiapas se habían mantenido en
un promedio de 266 personas desaparecidas por año, sin embargo, a partir de
2019 y hasta 2024, el promedio anual de desaparición subió significativamente.
Al cierre de 2024, los registros anuales de personas desaparecidas, no
localizadas y localizadas se incrementaron en un porcentaje significativo respecto
de los registrados en 2009, de modo que, en trece años.
En el presente apartado, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo,
enfocado en las variables identificadas como de mayor relevancia estratégica en
el contexto de las desapariciones en Chiapas. Este análisis permite una
comprensión más profunda de la magnitud y naturaleza de dicho fenómeno en la
región, contribuyendo significativamente a la formulación de estrategias sólidas
orientadas tanto a la localización de personas desaparecidas como a la
prevención y atención integral de futuros casos en la entidad.
TERRITORIO Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.
Es fundamental destacar que el presente análisis se realizó en una región
geográficamente delimitada: la entidad federativa de Chiapas. Este estado colinda
al norte con Tabasco; al este y sureste con la República de Guatemala; al sur con
la República de Guatemala y el Océano Pacífico; y al oeste con los estados de
Oaxaca y Veracruz, así como con el Océano Pacífico. Chiapas tiene una superficie
de aproximadamente 73,289 km², lo que representa entre el 3.7 % y 3.8 % del
territorio nacional, ubicándose como la octava o décima entidad más extensa del
país según distintas mediciones oportunas.
La entidad está integrada por 124 municipios, agrupados en 15 regiones
socioeconómicas (INEGI, 2024). En 2024, su población alcanzó 5,543,828
habitantes 48.8 % hombres y 51.2 % mujeres, lo que equivale al 4.4 % de la
población nacional y sitúa al estado en el octavo lugar a nivel nacional en términos
de número de habitantes. La densidad poblacional es de aproximadamente 76
habitantes por kilómetro cuadrado, ubicándolo en el puesto 16 a nivel nacional.
Respecto a la distribución territorial, el 49 % de la población reside en localidades
urbanas, mientras que el 51 % se concentra en zonas rurales.
DINAMICAS DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD.
A partir de la del 2006 la violencia en México se incrementó notablemente.
Aunque a inicio se encontraba focalizada en los estados fronterizos del norte del
país, sin embargo, con la expansión de las organizaciones criminales, la violencia
también lo hizo, registrándose un incremento en la incidencia delictiva en regiones
del occidente del país , para posteriormente expandirse al golfo, en regiones del
centro del país, para finalmente incrustarse en las entidades del sur y sureste
mexicano.
Con la expansión de las organizaciones criminales también los delitos de
alto impacto se incrementaron notablemente; entre los que se encuentran los
delitos de homicidios dolosos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, el
tráfico de armas y de personas, los robos con violencia, los delitos relacionados
con el tráfico y venta de drogas; y por supuesto, la desaparición de personas.
Diversos investigadores y organizadores nacionales e internacionales
establecen la existencia de una relación estrecha entre la expansión de los
cárteles de la droga y sus actividades criminales, y el fenómeno de la desaparición
de personas.
Aunque la política del gobierno federal para el combate a dichas
organizaciones criminales se ha materializado en la confrontación directa a las
mismas, el único resultado ha sido la fragmentación de las organizaciones que se
encuentran dentro de la delincuencia organizada. Así mismo, la fragmentación de
los cárteles ha tenido como resultado la expansión territorial y de actividades
criminales en diversas regiones del país, lo que ha dificultado el combate en contra
de estas.
Cierto es, que no solo la desaparición de personas se debe a agrupaciones
del crimen organizado, aunque de menor manera, las fuerzas del orden mexicano
también tienen coparticipación en la práctica de dichos hechos delictivos.
CRIMEN ORGANIZADO.
Según algunas referencias, la desaparición de personas en Chiapas se debe
principalmente a la agravada violencia, debido a la presencia de grupos de la
delincuencia organizada; quienes se enfrentan para controlar las zonas
estratégicas del estado (Morales, 2023), así como el dominio de las actividades
criminales en la región.
Mastrogiovanni (2019) invita a cuestionar las formas en que nos hemos
acostumbrado a nombrar la desaparición en México en México bajo eufemismos
como “levantón”, así como de otras categorías tan insuficientes como secuestro o
privación ilegal de la libertad, cuando en realidad son casos de desaparición
forzada, debido a la intervención, directa o indirecta, por acción o por omisión, de
funcionarios públicos (pp. 27-28).
Por lo mismo, la desaparición de personas en México se realiza
frecuentemente en los denominados “levantones”, los cuales son considerados
una variante del secuestro cada vez más frecuente en el norte del país y en otras
regiones donde las bandas del crimen organizado tienen mayor presencia. A
diferencia de quienes son privados de su libertad en demanda de un rescate, los
“levantados” saben que no hay negociación y muy probablemente serán víctimas
de tortura, mutilación o incluso asesinatos. (Villalpando, Breach, Heras, &
Maldonado, 2008).
Es posible afirmar que las desapariciones ejecutadas en forma masiva a
partir del año 2007 no pueden considerarse una casualidad o un fenómeno
aleatorio, sino más bien una construcción social fruto de una estrategia que
encuentra en la violencia la mejor manera de proteger nuestros intereses
(Mastrogiovanni, 2019, p.22). Intereses que en muchas ocasiones que encuentran
entremezcladas entre los grupos de la delincuencia organizada y las fuerzas de
seguridad.
Mastrogiovanni (2019) ofrece otra explicación sobre las causas de las
desapariciones. En primer lugar, establece que el interés de provocar terror entre
las comunidades donde se asientan intereses económicos derivados de la
extracción de recursos naturales; y en segundo lugar, la continuidad de una guerra
sucia que intenta erradicar a personas que pertenecen a movimientos sociales,
líderes comunitarios que se oponen a los megaproyectos, o activistas que
organizan al pueblo contra la explotación de su tierra, y de periodistas incómodos
(p.36).
Por su parte, el sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes
Solalinde, argumenta que la desaparición de inmigrantes centroamericanos, que
atraviesan, en su gran mayoría por Chiapas, se debe a que las fuerzas armadas
federales los venden a grupos del crimen organizado, quienes piden rescate por
su libertad (Matrogiovanni, 2019, p.60). Ya que cada migrante, según Solalinde,
puede llegar a valer entre 2 mil a 5 mil dólares, y si la familia no paga, los matan
(Mastrogiovanni, 2019, p.60).
Finalmente, Matrogiovanni (2019) establece que el reclutamiento forzado
por parte del crimen organizado es otra de las causales de las desapariciones de
niños y jóvenes en nuestro país. Especialmente, en aquellos lugares donde se
encuentran establecidos dichos grupos, y realizan enfrentamientos encarnizados
con otras organizaciones criminales.
Las organizaciones criminales realizan el reclutamiento forzado a jóvenes
de entre 15 hasta los 30 años, y tienen como fin, la realización de actividades
ilícitas, trabajos forzados, mendicidad obligada, y explotación sexual (Flores,
2022). En las localidades en los que confluyen las organizaciones criminales,
también existe un incremento de delitos, y que involucra a personas jóvenes.
En el informe denominado “Niñeces frente a las violencias criminales”, la
asociación civil Melel Xojobal, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las
Casas, hace énfasis en el enganche y reclutamiento, mayormente de
adolescentes entre 12 y 14 años que viven en las zonas donde operan los cárteles
en Chiapas (Pascacio, 2024).
Los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas asignan a dichos
adolescentes varones tareas como realizar mandados, vender y transportar
drogas, reclutamiento de otros jóvenes, vigilancia, coyotaje, enfrentamientos con
rivales, pandillerismo o sicariato. En el caso de las mujeres, en actividades de
limpieza, meseras de bares o cantinas o ser víctimas de explotación sexual
(Pascacio, 2024).
Por lo que, se pueden sacar varias conclusiones de estos resultados.
Primero, no todas las desapariciones se encuentran relacionadas con la
delincuencia organizada. No obstante, sin datos claros ni actualizados, no es
posible saber con exactitud cuántas de las desapariciones se pueden identificar
como relacionadas con el crimen organizado o con la guerra contra las drogas.
Segundo, las desapariciones de las mujeres son diferentes a las de los hombres
(por sus características físicas y por los motivos de la desaparición), por lo que
deberían analizarse de forma separada al tratarse de un fenómeno distinto.
Tercero, los levantones perpetrados, ya sea por grupos criminales o por fuerzas
de seguridad, también se dan espacios privados como escuelas, automóviles,
casas, oficinas, plazas públicas, entre otras, convirtiéndose en peligrosos todos
los lugares. Cuarto, no sólo las fuerzas policiacas municipales y estatales, así
como el ejército y la marina están involucradas en desapariciones forzadas. Son
varias las fuerzas de seguridad, incluido el Instituto Nacional de Migración, que
participan en este delito. Finalmente, y lo más importante de señalar, es la
complejidad de analizar el fenómeno de la desaparición si no se tienen datos
confiables. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO) tiene varios sesgos y de desconocer su metodología. Las versiones
oficiales que se encuentran publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no tienen la suficiente información para
hacer este tipo de análisis. Por lo que, a la fecha, el análisis de las desapariciones
sigue siendo parte de un terreno desconocido, y únicamente podemos especular
y realizar conjeturas al respecto.
Otra de las causas de la desaparición de personas se debe a que en los
últimos años el asentamiento de diversas organizaciones criminales en Chiapas
ha cambiado la dinámica criminal en el estado. Ya que de acuerdo al informe
elaborado por la séptima región militar de la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), y filtrado por el grupo de hackers denominado “Guacamayas”
(Mosso, 2024) señala que aunque el cártel de Sinaloa o del Pacífico (CS) tiene
una hegemonía en el estado, existen otras organizaciones criminales como el
cártel Jalisco nueva generación (CJNG), así como organizaciones criminales
Centroamericanas como “Los Huistas” de Guatemala, y “La Mara Salvatrucha”
(MS) de El Salvador, ha reconfigurado la dinámica criminal en el estado de
Chiapas, dada su permanencia en el estado. El antagonismo y la cooperación que
existe entre dichos grupos de la delincuencia organizada han generado una mayor
incidencia delictiva en la región.
En el mismo sentido, y de acuerdo con el análisis realizado por InSight
Crime, en el estado de Chiapas existe una expansión de las pandillas juveniles
Centroamericanas MS13 y Barrio 18 (Doherty, 2024). La MS13 y Barrio 18 son las
dos pandillas más fuertes de Centroamérica, cada una con decenas de miles de
pandilleros (Doherty, 2024). Lo anterior se debe principalmente a la cercanía de
la entidad federativa con diversos países Centroamericanos, como El Salvador,
Honduras y Guatemala; y la porosidad que existe entre la frontera mexicana y la
de esos países. Y en cuyo caso, el fiscal estatal en Chiapas José Mateo Martínez
señalo: Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a
establecerse, a crear un grupo criminal acá (Doherty, 2024). El combate frontal
que se realiza en el país de El Salvador contra dichas pandillas también es otro
de los elementos, y en cuyo caso las autoridades han señalado abiertamente la
actual campaña en El Salvador, que ha puesto en prisión a más
de 60,000 supuestos pandilleros y motivó la huida de muchos del país (Doherty,
2023).
Al respecto es importante señalar que las pandillas de origen
Centroamericano como “LaMaraSalvatrucha” o “MS-18”, y residentes en el estado
de Chiapas no se completa totalmente por ciudadanos centroamericanos, sino que
también por mexicanos. De acuerdo con Martínez Trejo (2012) la integración de
dichas pandillas se encuentra contemplada por ciudadanos centroamericanos y
mayormente por mexicanos. Lo cual también quedó establecido por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (2008), la cual determinó que el 63% de
“Maras” privados de su libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de
Chiapas, son de origen mexicano (Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), 2008).
En dicho sentido dichas organizaciones delictivas centroamericanas son
consideradas uno de los grupos delictivos juveniles más violentos de América. La
mayoría de sus miembros se encuentran compuestos, en su primera generación,
de centroamericanos; posteriormente se incorporan salvadoreños, hondureños,
guatemaltecos y de algunas otras nacionalidades centroamericanas, así como de
mexicanos y sudamericanos (Martínez Trejo, 2013, pág. 7). Las cuales participan
en una gran gama de actividades ilícitas, que van desde el narcotráfico,
asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, pasado por el robo de vehículos, hasta
vandalismo, todos ellos son ejecutados con extrema violencia (The Federal
Bureau of Investigation (FBI), 2008).
Lo anterior tiene relación con dicho informe que señala que, en la franja
fronteriza sur, la problemática relacionada con la delincuencia organizada
obedece a la presencia de células vinculadas al cártel de Sinaloa, bandas
delincuenciales locales y el grupo delictivo guatemalteco “Los Huistas”, mismos
que mantienen pugnas por el control de las actividades relacionadas con el
trasiego y comercio de estupefacientes procedentes del centro y Sudamérica
(Mosso, 2023; Reyes, 2023).
De acuerdo con el multicitado informe elaborado por la SEDENA existen
factores como el narcotráfico, el tráfico de personas, estupefacientes, armamento
y mercancías ilícitas, que deterioran la seguridad, aunado a la porosidad de la
frontera y escasa vigilancia de autoridades, facilitan a integrantes con impunidad
en el estado de Chiapas (Reyes, 2023).
Así mismo señala que hasta junio de 2022, en Chiapas, el cártel de Sinaloa
mantenía la hegemonía de las actividades de narcotráfico. Sus líderes locales, los
hermanos Isidro y Jesús Gilberto Rivera han sido identificados con
presencia en la mayor parte del estado, donde realizan acopio y trasiego de
enervante; lavado de dinero y tráfico de indocumentados (Reyes, 2025; Mosso,
2025). Aunado a ello, la SEDENA ha establecido que existen disputas internas en
dicho cártel (Mosso, 2025), lo que incrementa notablemente la criminalidad en la
región.
Dicho informe además añade que mientras que la pandilla Mara
Salvatrucha, liderada por Luis Alberto Ramírez López alías “Chino”, “Chinón” y/o
“Chinona” tiene presencia en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Metapa de
Domínguez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Arriaga y Palenque.
(Reyes, 2025; Mosso, 2025).
En cuanto al CJNG, la SEDENA advierte que no se tiene identificado al
líder; sin embargo, indica que cuenta con evidencia de que integrantes del cártel
mantienen presencia en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez (Reyes, 2025;
Mosso, 2025).
Finalmente, en cuanto a la participación del grupo delictivo de “Los
Huistas”, ellos abastecen de droga a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación (Mosso, 2025). En el mismo tenor, la SEDENA ha documentado que
existen en el territorio chiapaneco disputas territoriales y por las actividades ilícitas
entre el CJNG, CS y “Los Huistas” (Mosso, 2025).
Aunado a ello hay que agregarle los diversos grupos delictivos locales, en
los que destaca el Cártel de San Juan Chamula (CSJC). Grupo delictivo que
domina en San Cristóbal de Las Casas, y sus alrededores. Y cuya actividad
criminal se centra en el tráfico de personas, venta de droga, distribución de
pornografía, y otras actividades ilícitas (La Silla Rota, 2025).
Por lo cual, existen en algunas regiones de México, y en Chiapas en donde
diminutas células de “Los Zetas” que se encuentra atomizado en pequeñas
células antagónicas entre sí y sin cohesión, por lo que, en los hechos, Los
Zetas ya no existen como tal. (Lantia Intelligence, s/f, p.08)
Así mismo, de acuerdo con fuentes periodísticas, surgió un grupo armado
denominado “El Maíz”, el cual se encuentra al servicio de un cártel; y cuyos
miembros ofrecen seguridad a los pobladores, pero en realidad el propósito es
amedrentar a la población (La Silla Rota, 2025). Y se les ha relacionado con la
desaparición de personas de la región (La Silla Rota, 2025).
Aunque la violencia en los municipios del estado de Chiapas es
generalizada, la disputa de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación
cambió la cotidianidad de manera particular en las poblaciones de la Sierra
Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como lo es Frontera Comalapa,
Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de
Madero, La Grandeza y El Porvenir (Pascacio, 2025).
Por lo que, no es coincidencia que los municipios en Chiapas que presentan
mayor incidencia delictiva como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las
Casas, Palenque, Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la
Frontera, y Suchiate, (Reyes, 2025). Municipios que también se distinguen por el
elevado reporte de personas desaparecidas en el estado (Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB), 2025).
Juan Santiz (2025) afirma que hace cuatro años (2021), la violencia, las
desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa
territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes
comunidades de Chiapas.
INCIDENCIA DELICTIVA
De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, durante el periodo comprendido del 2020 al 2024, en
términos reales ha existido una reducción en la incidencia delictiva en aquellos
delitos de alto impacto. Y la incidencia delictiva no son más que los datos
reportados por las fiscalías generales en cada Estado, en el caso de delitos de
fuero común, y referente a los presuntos delitos registrados en carpetas de
investigación iniciadas.
Ahora bien, en relación con dicha incidencia relativa a los homicidios
dolosos en el año 2020 se registraron 393 casos. En el año 2021 se registraron
399 homicidios, en el 2022 se registraron 342 mostrando un ligero decremento en
la cifra, en el 2023 se registraron 457 homicidios dolosos incrementando
considerablemente la cifra con respecto al año anterior, sin embargo, se considera
que el 2024 fue el año de mayor incidencia ya que se registraron 620 homicidios
dolosos de enero a noviembre, y se considera el año más violento en la entidad
en los últimos seis años.
En relación con el delito de secuestro, en el año 2019 se reportaron 21 casos.
Asimismo, en el año 2020 la incidencia fue de 13 casos. Para el año 2021, se
notificaron 10 eventos. En el año 2022, se reportaron 11 casos; mientras que, en
el periodo correspondiente de enero a julio del 2023, se contabilizaron 8 delitos.
Finalmente, durante el año 2024, se registraron 14 casos, según datos oficiales.
En el mismo análisis, el delito de feminicidio ha mantenido una tendencia
constante en cuanto a su incidencia. Ejemplo de lo anterior es que, en el año
2019, se cometieron 20 feminicidios. En lo correspondiente al año 2020, se
reportaron 28 casos. En el año 2021, se iniciaron 46 carpetas de investigación.
Para el año 2022, la cifra fue de 44 incidentes. En el primer semestre del año
2023, se documentaron 23 delitos, y finalmente, durante el año 2024, se
reportaron 37 casos en total.
Empero, el delito de narcomenudeo continúa siendo uno de los que presenta
mayor incidencia delictiva en el estado de Chiapas. En el año 2019, se iniciaron
852 carpetas de investigación. En el año 2020, la cifra aumentó a 1,103 asuntos.
Durante el año 2021, se registraron 1,487 investigaciones. En el ejercicio 2022, el
número se incrementó a 1,893. En el año 2023, la cifra ascendió a 2,114 casos, y
finalmente, en lo correspondiente al año 2024, se contabilizaron 2,276 carpetas
de investigación por este delito.
En cuanto al delito de trata de personas, la incidencia se ha mantenido
relativamente baja. En el año 2019, se reportaron 11 casos. Para el año 2020, las
carpetas de investigación se redujeron a 5. En el año 2021, se registraron 3
investigaciones. En lo correspondiente al año 2022, se presentaron 5 casos.
Mientras que, de enero a julio del año 2023, únicamente se contabilizaron 2
carpetas. Finalmente, durante el año 2024, se documentaron 4 casos en total.
Por otro lado, en lo que respecta al delito de tráfico de menores, las cifras oficiales
establecen que en el año 2019 se iniciaron 2 averiguaciones previas. En el año
2020, únicamente se registró una carpeta de investigación. En el año 2021, el
número de indagatorias fue de 2. En el año 2022, no se presentó ninguna
investigación por este delito; y de igual manera, en el periodo de enero a julio del
2023 no se contabilizó caso alguno. Finalmente, en el año 2024, se registró
únicamente 1 carpeta de investigación por este delito.
No obstante, la realidad social muchas veces contrasta con las cifras oficiales. Tal
es el caso de los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, donde, en
promedio nacional, el 64.2 % de la población manifestó sentirse insegura en la
ciudad donde reside. En contraste, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el 81.9 %
de los habitantes reportaron sentirse inseguros; mientras que, en Tuxtla Gutiérrez,
la percepción de inseguridad alcanzó el 80.9 %. Estas cifras se ubicaron por
encima de otras ciudades tradicionalmente asociadas con altos índices delictivos,
como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo o
incluso la Ciudad de México (INEGI, 2025).
En el mismo sentido, mientras que a nivel nacional un 30.7 % de la población
declaró
haber
escuchado
sobre
la
implementación
de
programas
gubernamentales para la prevención de la violencia y la delincuencia, en el estado
de Chiapas las cifras variaron significativamente entre sus principales ciudades.
En Tuxtla Gutiérrez, un 37.1 % de la población afirmó haber tenido conocimiento
de dichas acciones, mientras que, en Tapachula, apenas el 22.6 % reconoció
haberlas percibido (INEGI, 2025).
Ahora bien, es preciso señalar que la violencia no sólo genera consecuencias
físicas, económicas y psicológicas, sino que también tiene repercusiones
profundas en el ámbito social. De acuerdo con el Informe sobre Desplazamiento
Interno Forzado elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, el aumento
de la violencia vinculada al crimen organizado ha derivado en un marcado
incremento en el número de personas desplazadas dentro del país. Desde el año
2016, más de 117,000 personas han sido desplazadas internamente, y tan solo
en el año 2021 se registraron al menos 44,905 desplazamientos forzados. En ese
año, el estado de Guerrero concentró la mayor cantidad con más de 21,800
desplazamientos, seguido de Chiapas con más de 14,900 y Michoacán con más
de 12,900 (Instituto para la Economía y la Paz, 2022, p. 2).
En ese mismo informe se establece que, durante el año 2021, el estado de
Chiapas ocupó el segundo lugar a nivel nacional en homicidios de políticos y
candidatos, con un total de 12 casos, sólo por debajo de Veracruz, que registró
18 asesinatos en ese contexto (Instituto para la Economía y la Paz, 2022, p. 30).
Finalmente, es importante destacar que la violencia no sólo afecta el tejido social,
sino que también genera un impacto económico significativo. De acuerdo con el
Índice de Paz México, publicado por el mismo instituto, el costo de la violencia en
México durante el año 2024 fue equivalente al 21 % del Producto Interno Bruto
nacional, lo que representa un impacto directo en las condiciones de desarrollo y
bienestar de millones de personas a lo largo del país.
Ahora bien, la violencia no solamente tiene repercusiones físicas, psicológicas y
sociales en las diversas regiones del país, sino que también genera un impacto
económico significativo. De acuerdo con el informe Índice de Paz México, durante
el año 2021, el costo económico de la violencia en México ascendió a
4.9 billones de pesos, equivalente al 22.5 % del Producto Interno Bruto nacional.
En lo que respecta al estado de Chiapas, el impacto económico estimado en ese
mismo año fue de 119.5 mil millones de pesos, lo que representó un costo
aproximado de 20,558 pesos per cápita, situando al estado dentro del rango de
entre 20 y 25 mil pesos por habitante (Instituto para la Economía y la Paz, 2022,
p. 49).
Para el año 2022, el costo de la violencia en México se mantuvo elevado,
alcanzando un total de 4.6 billones de pesos, mientras que en Chiapas el impacto
disminuyó ligeramente, estimándose en 97.6 mil millones de pesos, con un costo
per cápita de 16,559 pesos, reflejando una baja temporal en la incidencia
económica de la violencia en la entidad (Cuarto Poder, 2023).
Sin embargo, en el año 2023, se registró un repunte. El impacto económico de la
violencia a nivel nacional fue de 4.3 billones de pesos, y en Chiapas el costo se
estimó en 116.4 mil millones de pesos, lo que representó un promedio de 19,487
pesos per cápita, manteniéndose dentro de los cinco estados con menor impacto
económico por violencia, aunque con una tendencia ascendente (OEM, 2024).
Finalmente, para el año 2024, según los datos preliminares retomados en el
informe del Índice de Paz México 2025, el impacto económico de la violencia a
nivel nacional volvió a incrementarse, alcanzando los 4.5 billones de pesos, con
un costo per cápita estimado de 33,905 pesos. Si bien el informe aún no presenta
una desagregación estatal detallada para este último año, se prevé que Chiapas
mantenga un nivel de impacto moderado, dadas las cifras anteriores y la posición
histórica del estado dentro del índice nacional de paz (Instituto para la Economía
y la Paz, 2025).
LAS CIFRAS DE LAS DESAPARICIONES DURANTE EL PERIODO DE 2020
AL 2024
A partir de las cifras mencionadas previamente, se realizó un análisis de los
informes presentados en el periodo que abarca desde 2020 hasta 2024, con el
propósito de identificar las características predominantes de las víctimas de
quienes se dispone de información, desglosadas por género.
De acuerdo con el RNPDNO, durante ese periodo desaparecieron en el estado un
total de 3,231 personas, de las cuales, 728 (22.53%) continúan en calidad de
desaparecidas y no localizadas, mientras que 2,503 (77.47%) ya han sido
localizadas.
De las 692 personas que todavía se encuentran desaparecidas o no han sido
localizadas, 296 (40.66%) tienen estatus de desaparecidas, lo que significa que
existe la presunción de que han sido víctimas de algún delito; en tanto, 432
(59.34%) personas tienen estatus de no localizadas.
1. Evolución anual de desapariciones: muestra un crecimiento sostenido, con
un repunte notable en 2023 y 2024.
2. Estatus jurídico (2023): refleja que el 40.7 % de las personas no localizadas
tienen presunción de haber sido víctimas de delito.
3. Distribución por sexo (2025): evidencia que los hombres representan
aproximadamente tres cuartas partes de los casos, aunque las desapariciones de
mujeres —especialmente menores— siguen en aumento.
Año
Total reportado
Desaparecida o no localizada
% sobre total
Desaparecida
% sobre ausentes
No localizada
Localizada
Localizada con vida
% con vida
Localizada sin vida
% sin vida
2020
480
110
77.1%
45
59.1%
65
370
355
95.9%
15
4.1%
2021
520
117
77.5%
48
59.0%
69
403
386
95.8%
17
4.2%
2022
550
124
77.5%
52
58.1%
72
426
408
95.8%
18
4.2%
2023
613
138
77.5%
58
58.0%
80
475
455
95.8%
20
4.2%
2024
632
142
77.5%
60
57.7%
82
490
470
95.9%
20
4.1%
Fuente: Elaboración propia con base en RNPDNO, informes estatales y
Observatorio Red Lupa (2023–2025).
El total estimado por año corresponde a sumatorias basadas en los reportes
parciales disponibles y extrapolaciones conservadoras.
• El porcentaje de localizados con vida y sin vida se ha mantenido
estable, con más del 95 % de quienes fueron encontrados con vida.
• “Ausentes” agrupa a personas desaparecidas y no localizadas.
• Los
valores
de
2023
y
2024
corresponden
a
los
primeros
semestres, dado que el periodo completo aún no está consolidado.
• Se observa una tendencia creciente tanto en los casos totales como en
los aún no localizados.
• La mayoría de las personas localizadas fueron encontradas con
vida, aunque el número de hallazgos sin vida se mantiene constante.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO), al cierre de 2024 en Chiapas se contabilizaron 1,559 casos de
desapariciones de mujeres, lo que representa el 50.11 %, y 1,551 casos de
desapariciones de hombres, equivalentes al 49.89 % del total. Aunque la
diferencia en número absoluto no es significativa, las cifras reflejan una paridad
estadística preocupante.
No obstante, al desglosar por rangos de edad, surge un panorama alarmante.
Durante el primer semestre de 2024, se registraron 632 desapariciones, de las
cuales 217 correspondieron a niñas, niños y adolescentes (34 % del total), y de
estos menores, alrededor del 70 % eran niñas y adolescentes mujeres.
Asimismo, al 16 de mayo de 2025, el RNPDNO reportó que las desapariciones
entre mujeres representaron el 23–36 % del total anual, mientras que los hombres
constituyeron entre el 64–77 %. En 2024, más del 48 % de los casos femeninos
correspondieron a niñas y jóvenes de entre 10 y 24 años .
•Los hombres siguen representando la mayoría de los casos (64–77 %), aunque
las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres están en franco ascenso.
•Más del 34 % de las desapariciones de 2024 involucró a menores de edad, con
una notable prevalencia de niñas .
•El rango de edad con más casos masculinos se encuentra entre los 20 y 34
años, mientras que para las mujeres prevalece el grupo de 15 a 19 años.
Género
2024
% total
Niños /
Adolescentes
Mujeres
1,559
50.11%
-48% de los casos
femeninos.
Hombres
1,551
49.89%
N/A
* Datos acumulados hasta diciembre 2024 según RNPDNO.
*No hay desglose anual completo para otros años, pero la proporción de género
se mantuvo cercana al 50/50. Las cifras de menores aplican particularmente a
2024.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), se cuenta con información de edad para 3,151 personas
desaparecidas en Chiapas, lo que equivale al 98 % del total, mientras que en 80
casos (2 %) la edad permanece sin identificar.
De esos 3,151 registros, se observa que la mayoría (50 %) tenía entre 10 y 24
años al momento de su desaparición. Cuando se desglosa por género, los datos
revelan patrones alarmantes:
• En los hombres, el grupo predominante correspondía a personas
de 15 a 34 años, representando aproximadamente el 46 % de los casos.
• En el caso de las mujeres, se concentraron principalmente en
edades de 10 a 19 años, alcanzando un preocupante 60 % del total femenino.
Además, el 51 % del total de personas desaparecidas y no localizadas en 2024 es
decir, 1,640 casos corresponden a niñas, niños y adolescentes (0–19 años),
posicionando a Chiapas en el tercer lugar nacional por porcentaje de menores
desaparecidos .
Este desglose evidencia que:
• Más de la mitad de los casos corresponden a menores de 25 años.
• La aparente paridad de género en cifras absolutas oculta un riesgo
extremo para niñas y adolescentes.
• La frecuencia de desaparición en mujeres de hasta 19 años, frente
a los hombres jóvenes, enfatiza una problemática de género muy marcada.
La edad predominante de desaparición juvenil indica que el fenómeno afecta de
manera desproporcionada a los más jóvenes.
• El foco en mujeres adolescentes es especialmente preocupante,
dado su alto porcentaje dentro del total de desapariciones femeninas.
• La vulnerabilidad de los menores exige acciones de protección
institucional orientadas por género y edad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), se cuenta con información de edad para 3,151 personas
desaparecidas en Chiapas, lo que equivale al 98 % del total, mientras que en 80
casos (2 %) la edad permanece sin identificar.
De esos 3,151 registros, se observa que la mayoría (50 %) tenía entre 10 y 24
años al momento de su desaparición. Cuando se desglosa por género, los datos
revelan patrones alarmantes:
• En los hombres, el grupo predominante correspondía a personas
de 15 a 34 años, representando aproximadamente el 46 % de los casos .
• En el caso de las mujeres, se concentraron principalmente en
edades de 10 a 19 años, alcanzando un preocupante 60 % del total femenino.
Además, el 51 % del total de personas desaparecidas y no localizadas en 2024
—es decir, 1,640 casos— corresponden a niñas, niños y adolescentes (0–19
años), posicionando a Chiapas en el tercer lugar nacional por porcentaje de
menores desaparecidos.
Este desglose evidencia que:
• Más de la mitad de los casos corresponden a menores de 25 años.
• La aparente paridad de género en cifras absolutas oculta un riesgo
extremo para niñas y adolescentes.
• La frecuencia de desaparición en mujeres de hasta 19 años, frente
a los hombres jóvenes, enfatiza una problemática de género muy marcada.
La edad predominante de desaparición juvenil indica que el fenómeno afecta de
manera desproporcionada a los más jóvenes.
• El foco en mujeres adolescentes es especialmente preocupante,
dado su alto porcentaje dentro del total de desapariciones femeninas.
• La vulnerabilidad de los menores exige acciones de protección
institucional orientadas por género y edad.
Diagnóstico técnico: Desapariciones en Chiapas 2020–2024
Enfoque etario y de género
1. Cobertura y calidad del dato
Durante el periodo 2020–2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas (RNPDNO) recopiló información sobre más de 3,200 personas
desaparecidas en Chiapas, de las cuales en un 98 % de los casos (3,151
personas) se tiene registrada la edad al momento de la desaparición. Solo el 2 %
restante (80 casos) carece de este dato, lo que permite un análisis robusto y
representativo.
2. Distribución por edad y género
a) Grupo etario predominante
• El 50 % de las personas desaparecidas tenía entre 10 y 24 años.
• Se confirma una tendencia juvenil en las desapariciones, fenómeno
agravado en el caso de las mujeres.
b) Hombres desaparecidos
• El grupo predominante se concentra entre los 15 y 34 años,
representando aproximadamente el 46 % de los hombres desaparecidos.
• Se asocian principalmente a factores como reclutamiento forzado,
violencia armada, desplazamiento interno o crimen organizado.
c) Mujeres desaparecidas
• El 60 % de las mujeres desaparecidas tenía entre 10 y 19 años.
• Este patrón apunta a fenómenos como trata de personas, violencia
familiar, explotación sexual, o desaparición vinculada a contextos migratorios o
escolares.
3. Niñez y adolescencia en alto riesgo
• El 51 % de las personas desaparecidas durante el periodo 2020–
2024 son niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años.
• Esta cifra coloca a Chiapas en el tercer lugar nacional en
desapariciones de menores, solo después del Estado de México y Jalisco.
• Las desapariciones de niñas entre 12 y 17 años han sido las más
recurrentes, con una prevalencia que supera el 70 % de los casos de mujeres
menores desaparecidas en 2024.
4. Implicaciones para la política pública
• La tendencia obliga a adoptar un modelo diferenciado de prevención
basado en edad y género.
• Es crucial implementar alertas tempranas eficaces (como la Alerta
AMBER y Alerta Violeta), con mecanismos de búsqueda inmediatos y sin demoras
burocráticas.
• Las autoridades locales deben diseñar estrategias de intervención
escolar y comunitaria, con enfoque en zonas indígenas y rutas migratorias donde
se concentra la mayor parte de los casos.
Recomendaciones generales a la población:
1. Fortalecer las capacidades de las Comisiones de Búsqueda y
Fiscalías Especializadas con protocolos diferenciados.
2. Implementar sistemas de monitoreo de riesgo escolar,
especialmente en niñas adolescentes.
3. Crear un registro estatal desagregado por género, edad y región con
acceso público para mejorar el seguimiento interinstitucional.
4. Fortalecer la participación de la sociedad civil y las familias en los
procesos de búsqueda e identificación.
ANÁLISIS TERRITORIAL DE LAS DESAPARICIONES.
El fenómeno de la desaparición de personas no se manifiesta de manera uniforme
en todo el estado, ya que algunas áreas han experimentado un incremento
significativo en el número de denuncias de personas desaparecidas en los últimos
años.
Los municipios donde mas se ha abierto denuncias son Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, San Cristobal, Comitán de Domíguez, Chiapa de Corzo, Frontera
Comalapa, Palenque, Tonalá, Ocozocuautla de Espinoza y Berriozabal. Las
edades de las víctimas son de manera predominante entre los 15 y 19 años,
seguidas de 20 a 24 años y de 10 a 14 años.
El estado de Chiapas se divide en quince regiones socioeconómicas, que se
distinguen por sus características geográficas, poblacionales, culturales,
climáticas y productivas.
Un alto porcentaje de las desapariciones se concentran principalmente en la
región metropolitana, soconusco, altos tsotsil-tseltal, meseta comiteca tojolabal,
istmo costa y sierra mariscal, en conjunto en estas regiones se concentra el 77%
de los reportes de personas desaparecidas y no localizadas durante el periodo del
análisis.
REGIÓN I METROPOLITANA.
La Región Socioeconómica I Metropolitana, la más pequeña extensión territorial
dentro de la entidad, comprende 1,799 km^2 y engloba cuatro municipios situados
en el núcleo central del estado: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal y
Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez, la capital estatal, se erige como el epicentro de esta
región, consolidándola como un punto neurálgico clave para el desarrollo
económico y social en Chiapas (CEIEG,s.f.a).
Alrededor del 60% de la región exhibe un relieve de suave pendiente,
caracterizado por la presencia de lomas, mesetas y valles, principalmente
concentrados en el centro. La altitud del terreno en esta zona varía desde los 175
metros sobre el nivel del mar al norte del municipio de Berriozábal hasta alcanzar
los 1, 763 metros sobre el nivel del mar al norte del municipio de Chiapa de Corzo
(CEIEG,s.f.a).
En el 2024, la población de esta región alcanzó la cifra de 913,000 personas,
equivalente al 15.44% de la población total del estado (INEGI, 2024).
En el periodo comprendido del 2020 al 2024, se han documentado un total de
1,205 informes sobre individuos desaparecidos y no localizados en esta región de
acuerdo con el RNPDNO. De este conjunto, el 89% ya ha sido localizada, sin
embargo, aún un número significativo de personas permanecen en calidad de
desaparecidos o no localizados.
En esta región, resaltan dos municipios con los índices más elevados de
desapariciones en el estado: Tuxtla Gutiérrez, como la capital estatal, lidera las
estadísticas, mientras que Chiapa de Corzo ocupa el quinto lugar. Es importante
destacar que en esta área se observa un porcentaje más elevado de mujeres
desaparecidas (47%) en comparación con los hombres (53%).
Con base en las hipótesis de desaparición proporcionadas por el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con respecto
a la no localización de individuos en la región metropolitana, se estima que 8
personas fueron privadas de su libertad de manera involuntaria, mientras que 72
lo hicieron de manera voluntaria. El estado de desaparición de las demás
personas se desconoce o no se dispone de información al respecto.
El municipio de Tuxtla Gutiérrez es el que concentra la mayor cantidad de
desapariciones en la región y a nivel estatal, entre 2020 y 2024 se registraron un
total de 1038 desapariciones de acuerdo con los datos de RNPDNO, de las cuales
117 personas (11.17%) aún continúan siendo buscadas.
En Tuxtla Gutiérrez, se evidencia que las mujeres constituyen el grupo con mayor
incidencia de desapariciones, generando una preocupación acentuada,
especialmente por el elevado número de mujeres menores de 19 años que
aparecen en estas estadísticas, representando aproximadamente el 63% de las
desapariciones femeninas. Esta alarmante tendencia resalta la vulnerabilidad de
un segmento específico dentro de la población femenina, subrayando la
necesidad de realizar un profundo análisis sobre los factores subyacentes que
contribuyen a esta lamentable situación.
Según las hipótesis de desaparición presentadas en el RNPDNO respecto a la no
localización de individuos en Tuxtla Gutiérrez, 64 han decidido no ser localizadas
voluntariamente, mientras que otras 8 personas están relacionadas con casos de
no localización involuntaria. Además, se observa un significativo total de
861personas cuyos motivos de desaparición aún permanecen desconocidos.
REGIÓN X SOCONUSCO.
La región socioeconómica X Soconusco abarca 4.605.4 km^2, representado el
6.28% de la extensión total del estado de Chiapas y ubicándose con la séptima
región más extensa en la entidad. Está compuesta por quince municipios que se
encuentran en el extremo sur del estado, entre los cuales se incluyen Acacoyagua,
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla,
Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y
Villa Comaltitlán. (Gobierno del estado de Chiapas, 2012).
La ciudad de Tapachula, destacada como la cabecera de la región y un relevante
centro económico, se encuentra en uno de los municipios de mayor
extensión territorial, que abarca 946.87^2. Esta posición estratégica se ve
resaltada por su condición fronteriza con Guatemala, otorgándole un papel
significativo en la macrorregión conformada por los estados del sur-sureste de
México y los países de Centroamérica (Gobierno del estado de Chiapas, 2012).
La región abarca la Llanura Costera del Pacífico y la Sierra Madre de Chiapas,
parte de la Llanura Costeña de Chiapas y Guatemala en la cordillera
centroamericana, con relieve que combina llanuras y sierras. La altitud varía
significativamente, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4,080 msnm,
destacando elevaciones como el volcán Tacaná (4,030 metros) y los cerros Siete
Orejas (2,524 metros) y Ovando (1,980 metros) (Gobierno del estado de Chiapas,
2012).
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la región alcanzó la cifra
de 177,167 personas, equivalente al 14.02% de la población total del estado.
(INEGI, 2020).
Entre 2020 y 2024, el RNPDNO ha documentado un total de 502 informes sobre
personas desaparecidas en esta área. De este conjunto, 338 personas han sido
localizadas, pero un número significativo de 164 individuos aún no han sido
encontrados. En cuanto a la distribución por género, se destaca que un mayor
porcentaje de hombres (52%) está involucrado en casos de desapariciones en
comparación con las mujeres (48%).
Con base en las hipótesis de desaparición proporcionadas por el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con respecto
a la no localización de individuos en la región soconusco, se estima que 8
personas fueron privadas de su libertad de manera involuntaria, mientras que 72
lo hicieron de manera voluntaria. El estado de las demás personas se desconoce
o no se dispone de información al respecto.
De las 338 personas que previamente estuvieron reportadas como desaparecidas
y que ahora han sido localizadas en la región, destaca que en el 63.31% de los
casos, las desapariciones están directamente relacionadas con la comisión de
algún delito. Esto incluye 20 casos de desapariciones perpetradas por
particulares, 2 casos por trata, 1 caso de sustracción y 191 delitos no
especificados vinculados con la desaparición de personas, los cuales atentan
contra la libertad personal.
El municipio de Tapachula destaca por ser el que presenta la mayor cantidad de
casos de desapariciones en la región. Según los datos proporcionados por el
RNPDNO durante el periodo de 2020 al 2024, se han registrado un total de 331
desapariciones en esta localidad. De este número, 80 hombres y 27 mujeres
continúan en calidad de desaparecidos o no localizados hasta la fecha.
Es relevante subrayar que aproximadamente cerca del 35% de los informes de
desapariciones en este periodo corresponden a personas de otras
nacionalidades, destacando entre ellas a ciudadanos de Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador. Este fenómeno resalta la dimensión transnacional de la
problemática de las desapariciones en la localidad, lo que enfatiza la necesidad
de enfoques colaborativos y acciones coordinadas con los países vecinos para
abordar eficazmente este desafío.
Durante décadas, el Soconusco como región transfronteriza ha fungido como la
entrada principal y punto de partida de migrantes indocumentados en México,
principalmente de centroamericanos, sudamericanos e inclusive de otros
continentes, que aspiran llegar a los Estados Unidos motivados por diversos
factores, siendo los mas predominantes la búsqueda de oportunidades laborales
y la mejora de sus condiciones de vida.
Las medidas de control migratorio y la intensificación de la vigilancia en las
fronteras obligan a numerosos migrantes indocumentados a modificar sus planes
iniciales y a buscar rutas con una presencia menor de agentes migratorios para
eludir detenciones. Sin embargo, estas rutas pueden ser más largas y peligrosas,
exponiéndolos a un mayor riesgo de sufrir agresiones y abusos por parte de
autoridades migratorias y policiales, así como de coyotes, polleros y bandas
delictivas organizadas (París, Ley & Peña, 2016).
Bajo este escenario, el estado de Chiapas se destaca como una zona crítica
fundamental que demanda atención especial para abordar la marcada
vulnerabilidad de este grupo frente a desapariciones forzadas, cometidas tanto
por agentes estatales como por individuos particulares, durante su tránsito y
estancia migratoria en la entidad.
REGIÓN V ALTOS TSOTSIL TSELTAL
La región socioeconómica V Altos Tsotsil Tseltal abarca una extensión territorial
de 3,717.08 km^2, lo que constituye el 5.02% de la superficie total del estado y la
coloca como la décima región más extensa de Chiapas. Con una población total
de 870, 000 habitantes, según los datos recopilados en el Censo de Población y
Vivienda del 2024, esta región comprende 17 municipios situados en la parte
central del estado. Entre ellos se encuentran Aldama, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó,
San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Juan Chamula,
Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán (Secretaria de Hacienda,
s.f.a).
En la región resaltan dos grupos étnicos principales: los Tsotsil y los Tseltal. La
mayoría de los centros de población pertenecen a comunidades indígenas,
mientras que los asentamientos urbanos son la minoría. Esta área montañosa, es
conocida como “tierra fría” debido a sus altitudes superiores a los 1800 metros
sobre el nivel del mar, se extiende hacia el sureste con terrenos sensiblemente
planos, variando su altitud entre 1500 y 1600 metros sobre el nivel del mar, lo que
la convierte en un entorno propicio para la agricultura. La fisiografía de la región
presenta elevaciones naturales, valles y selvas que contribuyen a sus
características distintivas (Secretaria de Hacienda, s.f.a).
En el RNPDNO se han documentado un total de 385 casos de personas
desaparecidas y no localizadas y cabe destacar que cerca del 83% de estas
personas ya han sido localizadas a la fecha. No obstante, aún persisten como
desaparecidas y no localizadas 66 personas. En la región, las desapariciones
predominan en el grupo masculino con un 55%, mientras que el 45% esta
vinculado a desapariciones de mujeres.
Con base en las hipótesis de desaparición para la región de los Altos, en RNPDNO
indica que 3 personas han sido presuntamente privadas de su libertad de forma
involuntaria, mientras que 23 lo hicieron de manera voluntaria. La situación de
desaparición de las demás personas es desconocida o no se encuentra con
información al respecto.
De las 319 personas que previamente estuvieron reportadas como desparecidas
y que ahora han sido localizadas en la región, el 53.61% de los casos estuvieron
vinculadas a la comisión de algún delito. Esto abarca 12 casos de desapariciones
cometidas por particulares, 1 desaparición forzada y 158 delitos no especificados
vinculados con la desaparición de personas.
El municipio de San Cristóbal de las Casas ocupa el tercer lugar en
desapariciones de personas en la entidad.
Durante el periodo de análisis el RNPDNO tiene un registro de 309 personas que
fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Es fundamental hacer énfasis en la inquietante problemática de desaparición en
el caso de mujeres, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10
y 19 años en la región Altos. Este segmento demográfico que abarca desde la
niñez hasta la adolescencia plantea desafíos particulares que demandan una
atención específica.
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL
La Región XV Meseta Comiteca Tojolabal destaca por su notable extensión
territorial en el estado, abarcando siete municipios: Comitán de Domínguez, La
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenejapa y
Tzimol. Con una superficie total de 7,424.73 km2 , equivalente al 10.12% del área
estatal, se posiciona como la tercera región de mayor amplitud en la entidad. Este
extenso territorio se enmarca en las regiones fisiográficas Altos de Chiapas,
Montañas de Oriente y Depresión Central, caracterizándose por su variado relieve
compuesto principalmente por sierras, lomeríos y mesetas (Secretaria de
Hacienda, s.f.b).
De acuerdo con el RNPDNO, en la región se han registrado un total de 210 casos
de desapariciones entre 2020 y 2024. De este total, aproximadamente el 53.80%
ya ha sido localizado, mientras que el 46.2% aún continúa en paredero
desconocido. Las desapariciones en la región tienen una predominancia en el
grupo masculino, con 118 hombres y 92 mujeres afectadas.
Con base en las hipótesis de desaparición para la región de la Meseta Comíteca,
el RNPDNO señala que tres hombres y una mujer fueron presuntamente privados
de su libertad de forma involuntaria. En constante, cinco hombres y seis mujeres
desaparecieron de manera voluntaria. La situación de desaparición de las demás
personas es desconocida o no se cuenta con información al respecto.
De las 117 personas que previamente estuvieron reportadas como desaparecidas
y que ahora han sido localizadas en la región 12 casos están vinculados al delito
de desaparición cometida por particulares y uno al delito de trata de personas.
Es esencial que el municipio de Comitán de Domínguez, situado en esta región,
ocupa el cuarto lugar en desapariciones de personas en la entidad. Durante el
periodo de análisis, el RNPDNO registró un total de 158 personas reportadas
como desaparecidas y no localizadas en el municipio, de las cuales 90 ya han
sido encontradas.
La siguiente gráfica revela un preocupante número de casos en mujeres de 10 a
19 años, con 44 casos identificados. Es relevante señalar que, de estas 44
mujeres, 43 han sido localizadas con vida, mientras que una fue encontrada sin
vida y 6 de estos se presumen vinculados a desapariciones voluntarias.
El municipio de Comitán de Domínguez fue escenario de 11 casos vinculados a
desapariciones perpetradas por particulares y un caso de desaparición forzada.
REGIÓN IX ISTMO COSTA
La región IX Istmo Costa, conformada por los municipios de Arriaga, Mapastepec,
Pijijiapan y Tonalá, se extiende por 5,409.18km2 , representando el 7.20% de la
superficie total del estado y situándose como la sexta región más extensa. Esta
región forma parte de las regiones fisiográficas Llanura Costera del Pacífico y
Sierra Madre de Chiapas, donde predomina un relieve compuesto principalmente
por llanuras y sierras. En el contexto geográfico, la región IX Istmo-Costa está
situada en la provincia denominada “Centroamericana”. En este territorio, se
encuentran las Subprovincias “Llanuras del Istmo” y “Las Llanuras Costeras de
Chiapas y Guatemala”. La región se ubica en la planicie costera de Chiapas y la
zona litoral del Pacífico, abarcando áreas con pendientes que varían desde zonas
susceptibles a inundaciones marinas hasta elevaciones superiores a los 1,000
metros sobre el nivel del mar (Secretaría de Hacienda, s.f.c).
En cuanto a la distribución de terreno, el 48% de la región es planicie, el 19%
corresponde a zonas de lomerío, el 20% a áreas montañosas y el 4% a terrenos
pantanosos (Secretaria de Hacienda, s.f.c).
De acuerdo con el censo de 2024 realizado por el INEGI, la población de la región
alcanzó los 231,007 habitantes, lo que constituye el 4.56% de la población total
del estado.
Esta región se ubica en el quinto lugar en cuanto al número de casos registrados
de personas desaparecidas y no localizadas, sumando un total de 173 casos. De
estos, 13 continúan en calidad de desaparecidos, 14 personas se encuentran
como no localizadas sin vida. Las desapariciones en esta área presentan una
prevalencia en el grupo femenino,
Con respecto a las hipótesis de desaparición en la región Istmo Costa, el
RNPDNO indica que dos hombres y una mujer fueron presuntamente privados de
su libertad de forma involuntaria. Además, se presume la desaparición voluntaria
de nueve mujeres y un hombre. La situación de desaparición de las demás
personas es desconocida o no se cuenta con información al respecto.
En lo que respecta a los delitos asociados a las desapariciones en la región, de
las personas localizadas, seis casos han sido vinculados con delitos de
desaparición cometidos por particulares. Por otro lado, otros 80 casos fueron
vinculados a delitos no especificados relacionados con la desaparición de
personas y delitos que atentan contra la libertad personal.
REGIÓN XI SIERRA MARISCAL
La Región XI Sierra Mariscal, conformada por los municipios de Amatenango de
la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera
Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec, se extiende
sobre 4,017.42 km2 , equivalente al 5.47% del territorio estatal, ubicándose como
la octava región más extensa en el estado. Sus límites geográficos incluyen al
norte las Regiones IV De Los Llanos y XV Meseta Comiteca Tojolabal, al este
República de Guatemala, al sur la Región X Soconusco, y al oeste las Regiones
VI Frailesca y IX Istmo Costa (CEIEG, s.f.b).
La región se encuentra en las provincias fisiográficas de Sierra Madre de Chiapas
y Depresión Central. Dentro de estas provincias, se identifican tres formas de
relieve que sirven como base para describir el entorno físico y cultural de la región.
En la zona norte y oriente predominan, las mesetas con cañadas, mientras que al
sur se encuentra la sierra alta volcánica, acompañada en menor medida por la
sierra alta de laderas escarpadas. La altitud en la región varía significativamente,
oscilando entre los 340 metros en el extremo sur del municipio de Motozintla y los
3,080 metros sobre el nivel del mar al sur del municipio de Siltepec (CEIEG, s.f.b).
Según el censo de 2024 llevado a cabo por el INEGI, la población de la región es
de 290,506 habitantes, representando el 4.91% de la población total del estado.
En esta región, según la información proporcionada por el RNPDNO, se han
registrado un total de 117 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Es
importante resaltar que aproximadamente el 65% de estas personas ya han sido
localizadas hasta la fecha. No obstante, persiste la preocupación ya que el 35%
de estos casos, equivalentes a 41 personas, aún permanecen en paredero
desconocido.
Es relevante subrayar que, en esta región, un significativo 74% de los casos de
desapariciones corresponden al género masculino. En otras palabras, de los
registros existentes en la región, 86 involucran a hombres y 31 a mujeres.
El RNPDNO registra a 72 casos vinculados a la comisión de algún delito. El 80%
de estos delitos asociados a desapariciones se concentraron principalmente en
los municipios de Frontera Comalapa y Motozintla. Entre ellos, 12 están
relacionados con la desaparición de personas y delitos que afectan la libertad
personal.
Es esencial resaltar que el municipio de Frontera Comalapa, situado en esta
región, ocupa el sexto lugar en desapariciones de personas en la entidad. Durante
el periodo de análisis, el RNPDNO registró un total de 81 personas
reportadas como desaparecidas y no localizadas en el municipio. Una
particularidad destacada en estas desapariciones, que marca una diferencia
notable con respecto a otros municipios y regiones, radica en el porcentaje de
individuos que han sido encontrados. En este contexto, se evidencia un número
considerable de 56 personas que aún no han sido localizadas, lo cual resalta la
complejidad de la situación.
ENFOQUE DIFERENCIADO.
El PHB (2020) señala que:
… el enfoque diferenciado tiene la finalidad de establecer si algún atributo de la
persona de paradero desconocido (su actividad social o profesional o los factores
indicados en el Eje Rector Operativo de Igualdad y no Discriminación) constituye
un factor de vulnerabilidad asociado a su desaparición y, de ser el caso, considerar
dicho atributo como línea central de búsqueda. En algunos casos es importante
considerar la actividad social o profesional, ya que también puede ser un factor de
vulnerabilidad asociado a la desaparición, y de ser el caso, considerar dicho
atributo como línea central de búsqueda. En algunos casos es importante
considerar la actividad social o profesional, ya que también puede ser un factor de
vulnerabilidad asociado a la desaparición, por lo que la búsqueda debe tener en
consideración si la persona desaparecida o no localizada ejercía labores como,
por ejemplo, la defensa de derechos humanos o el periodismo, entre otras
ocupaciones catalogadas como riesgosas. También debe aplicarse un enfoque
diferenciado a la búsqueda de personas que se encuentran en particular
vulnerabilidad ante una desaparición o no localización: personas con
discapacidad, mujeres, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes,
personas adultas mayores y personas extranjeras y migrantes.
De acuerdo a los registros del RNPDNO en Chiapas durante el periodo
comprendido entre 2020 y 2024, se han documentado 12 casos de personas
migrantes desaparecidas, de las cuales 8 aún no han sido localizadas. De estos
casos, 10 involucran a hombres desaparecidos y 2 a mujeres, con las localidades
de Palenque, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Hidalgo como escenarios de
estas preocupantes desapariciones. En relación con la nacionalidad de estas
personas, se identifica que seis son de nacionalidad cubana, dos nicaragüenses,
una hondureña, una venezolana y una guatemalteca. Este patrón de
desapariciones entre la población migrante subraya la necesidad de abordar de
manera integral los desafíos específicos que enfrentan este grupo vulnerable en
su travesía por la región.
Las personas migrantes y aquellas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad
particular ante las desapariciones forzadas, marcada por la carencia de recursos
económicos, planes de protección, así como participación política, social y cultural
(OHCHR, 2021). En el 2004 a 2024, en Chiapas, el RNPDNO ha documentado un
total de 49 desapariciones de personas con capacidades diferentes. De manera
destacada, alrededor del 60% de estos casos se ha registrado en la capital del
estado, Tuxtla Gutiérrez. Estas cifras subrayan la necesidad de abordar de
manera especifica y eficaz los riesgos que enfrentan estos grupos vulnerables en
la región.
En el municipio de Frontera Comalapa, clasificado en la sexta posición en cuanto
a casos de personas desaparecidas y no localizadas en el estado, se ha registrado
la desaparición, en el periodo de estudio que abarca desde 2020 hasta 2024, de
un integrante de una organización no gubernamental y un funcionario público,
ambos de género masculino.
Asimismo, durante ese mismo intervalo de tiempo, se ha documentado la
desaparición de un defensor de los derechos humanos, también del género
masculino, sin especificar el municipio de referencia.
La importancia de estos casos es sumamente significativa, ya que involucra a
individuos comprometidos con la defensa de derechos fundamentales y el servicio
público. Resulta crucial analizar detalladamente estos eventos para comprender
las posibles implicaciones, investigar cualquier conexión con sus labores
profesionales y establecer medidas preventivas y de seguridad tanto en la región
como en el estado. La desaparición de personas comprometidas destaca la
urgencia de abordar los riesgos específicos que enfrentan estos profesionales en
sus comunidades.
CONCLUSIÓN.
La desaparición de personas en México, particularmente la desaparición forzada,
constituye una de las crisis humanitarias más graves y persistentes del país. Esta
problemática no solo refleja un colapso del sistema de justicia, sino que también
evidencia la continuidad de un modelo de gobierno autoritario, marcado por
décadas de corrupción, impunidad y complicidad entre autoridades y el crimen
organizado. En este contexto nacional, el estado de Chiapas ha adquirido una
relevancia alarmante como uno de los territorios más vulnerables y desatendidos
frente a esta crisis.
Diagnóstico analítico de Chiapas dentro del contexto nacional
1. Magnitud y tendencias recientes
En la primera mitad de 2024 se documentaron 632 desapariciones en
Chiapas, de las cuales 217 correspondieron a niñas, niños y adolescentes.
Además, Chiapas cerró 2024 con 511 personas desaparecidas nuevas
según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO).
En los últimos años (2022-2024), los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez,
Comitán y San Cristóbal de las Casas concentran una parte importante de los
casos. Tapachula ha pasado de registrar 166 casos en 2022 a 1,243 en 2023; en
lo que va de 2024 ya se acercaba a esas cifras.
Asimismo, en 2023 se produjo aproximadamente un tercio de todas las
desapariciones acumuladas en Chiapas en los últimos 13 años, lo que indica
una escalada marcada.
2. Grupos más vulnerables
o
Menores de edad: en ese primer semestre de 2024, el 34 % de las
desapariciones correspondieron a niñas, niños y adolescentes.
o
Mujeres jóvenes y adolescentes: un porcentaje alto de
desapariciones lo constituyen mujeres jóvenes/adolescentes, muy
por encima del promedio nacional en algunos reportes.
o
Comunidades indígenas están doblemente afectadas: su
marginación territorial, social y cultural las hace más expuestas a la
impunidad y a la ausencia de mecanismos estatales efectivos.
3. Factores estructurales y operativos
o
Presencia de crimen organizado: hay reportes de disputa territorial
entre carteles como Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa en
diversas zonas del estado, lo que intensifica la violencia, los
desplazamientos y desapariciones.
o
Desplazamiento forzado interno: entre enero de 2023 y junio de
2024, unas 15,000 personas han sido desplazadas forzosamente
dentro del estado, principalmente en regiones fronterizas como
Frontera y la Sierra, derivado de la violencia criminal.
o
Ineficacias institucionales: la falta de datos precisos, la limitación
de recursos materiales y humanos, la escasa incorporación de
pruebas científicas, y la falta de voluntad política se observan como
barreras sistemáticas para la localización efectiva y la justicia.
Aunque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas funciona (con
sede en Tuxtla Gutiérrez) chiapas.gob.mx, los reportes de colectivos
muestran retrasos, investigación superficial y abandono de víctimas
por parte del Estado en muchos casos.
4. Responsabilidad del Estado y posibilidad de responsabilidades
internacionales
Los organismos internacionales han señalado que México enfrenta un
patrón crónico de impunidad, donde una gran proporción de desapariciones
no se esclarece. Si bien no todos los informes se refieren específicamente
a Chiapas, los datos estatales se insertan claramente en ese patrón
general.
En Chiapas, las desapariciones no son hechos aislados ni recientes. Se han
agudizado en un contexto de creciente militarización, conflictos territoriales,
presencia activa del crimen organizado y una política migratoria restrictiva
impuesta desde el norte del continente. La ubicación geográfica del estado —
como frontera sur de México— ha convertido a Chiapas en un corredor estratégico
para redes criminales dedicadas al tráfico de personas, el narcotráfico, el
reclutamiento forzado y la trata, afectando de manera directa a comunidades
indígenas, personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La implementación de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el país, iniciada
en 2006, también tuvo repercusiones en Chiapas. Si bien durante años este
estado fue considerado relativamente seguro en comparación con otras
entidades, en la última década la violencia se ha intensificado de forma dramática.
Diversos grupos criminales han establecido presencia en la región, disputándose
rutas, territorios y poblaciones enteras, mientras que las instituciones locales de
seguridad y justicia se han visto superadas o coludidas, dejando a la población en
un estado de vulnerabilidad extrema.
La violencia se manifiesta en múltiples formas: homicidios, desapariciones
forzadas, desplazamiento interno, reclutamiento de menores, extorsiones y control
social. En particular, el reclutamiento forzado y la explotación sexual de
mujeres, adolescentes y niñas son prácticas recurrentes en varias zonas del
estado, sin que exista una respuesta institucional efectiva. A esto se suma la
situación de las personas migrantes que, tras iniciar su tránsito por Chiapas, son
desaparecidas, secuestradas o asesinadas, muchas veces con la participación u
omisiva de agentes estatales.
De acuerdo con organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y el Comité contra la Desaparición Forzada, la
impunidad en México alcanza cifras superiores al 95%, y más del 98% de las
desapariciones se han registrado desde 2006. Estos organismos han advertido
que el Estado mexicano podría ser responsable no solo por desapariciones
cometidas directamente por agentes públicos, sino también por aquellas
perpetradas por particulares, cuando existe omisión, aquiescencia o complicidad.
En el caso de Chiapas, múltiples denuncias y testimonios de colectivos de
familiares indican que las autoridades estatales no solo son ineficaces, sino que a
menudo están implicadas directamente en los crímenes o en su encubrimiento.
Pese a la existencia de un marco jurídico nacional e internacional, así como la
creación de instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y las
comisiones locales en los estados —incluida Chiapas—, los resultados siguen
siendo limitados. En Chiapas, estas instituciones operan con serias deficiencias:
carecen de presupuesto suficiente, personal capacitado y recursos técnico-
científicos. La carga de trabajo, la rotación constante de funcionarios y la falta de
voluntad política impiden que se realicen investigaciones efectivas y se logre
justicia para las víctimas.
Los procesos de búsqueda siguen siendo en su mayoría burocráticos y
superficiales. Colectivos de familiares han denunciado que la investigación de
campo es prácticamente inexistente, que el uso de pruebas científicas es limitado,
y que muchas veces son las propias familias quienes encabezan las búsquedas
sin apoyo institucional. En varias regiones de Chiapas, la impunidad ha generado
un círculo vicioso de violencia, silencio e invisibilidad.
Además, Chiapas enfrenta particularidades que agravan la situación: la
marginación histórica de las comunidades indígenas, la criminalización de los
movimientos sociales, la militarización del territorio y la presencia de conflictos
agrarios no resueltos que sirven como caldo de cultivo para la violencia
estructural. La desaparición de personas en este contexto no es un fenómeno
casual ni aislado: responde a una lógica de control, despojo y desarticulación del
tejido social.
REFERENCIAS:
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Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Diario Oficial de la Federación
(DOF), 17 de noviembre de 2017.
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Aprobado el 6 de octubre de 2020 por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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personas desaparecidas. México, 2021.
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Instituto para la Economía y la Paz. (2025). Índice de Paz México 2025.
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/05/MPI-ESP-2025- web.pdf
El Economista. (2024). Desplaza crimen en Chiapas a 15 mil personas.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/desplaza-crimen-chiapas-15-000- personas-
20250424-756212.html
Chiapas Paralelo. (2024). Niñez, migrantes y habitantes de zonas controladas por
cárteles: los desaparecidos de Chiapas.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2024/08/ninez-migrantes-y- habitantes-
de-zonas-controladas-por-carteles-los-desaparecidos-de-chiapas
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
https://rnpdno.segob.gob.mx
Comisión Nacional de Búsqueda. (2024). Estadísticas desagregadas por edad y sexo.
https://busquedadepersonas.segob.gob.mx
REDIAS Chiapas. (2024). Violencias contra niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.
https://redias.org/violencias
Alerta Chiapas. (2024, julio 21). Mujeres de 12 a 17 años, las que más desaparecen en
Chiapas. https://alertachiapas.com/2024/07/21/mujeres-de- 12-a-17-anos-las-que-mas-
desaparecen-en-chiapas
Chiapas Paralelo. (2024). Los desaparecidos de Chiapas: niñez, migrantes y regiones
controladas por cárteles. https://www.chiapasparalelo.com/2024/08/ninez-migrantes-y-
habitantes-de- zonas-controladas
La Jornada. (2024, diciembre 26). Menores, mayoría entre desaparecidos.
https://www.jornada.com.mx/2024/12/26/politica/007n2pol
Portavoz Chiapas. (2024). Suman 234 NNA chiapanecos desaparecidos durante
2024. https://portavozchiapas.com.mx/2024/07/22/suman-234-nna-chiapanecos-
desaparecidos-durante-2024
INDICE DE GRAFICAS
La siguiente gráfica muestra una tendencia ascendente en los casos de
desaparición entre 2019 y 2024, lo cual refleja el incremento sostenido y la
urgencia de medidas integrales de atención.
Mapas de Incidencia en Chiapas
En esta sección se presentan mapas esquemáticos que ilustran las zonas de
mayor incidencia en desapariciones. Se destacan la región fronteriza sur, la
Sierra, los municipios con más casos registrados y los pueblos indígenas
afectados.
Mapa 1
Descripción del mapa y su relevancia en el análisis contextual.
